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La imputación presentada ayer por el equipo fiscal que encabeza la causa fue aceptada esta mañana por el juez José Agustín Delmás. Justo Rubén Ferreira Servín y su hija Patricia Beatriz Ferreira Pascottini habrían estafado al Estado en abril pasado al intentar vender insumos de origen chino que no cumplían los requisitos para su uso en nuestro país a través de las empresas Imedic y Eurotec.
Ambos fueron imputados por los presuntos hechos punibles de contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.
Cabe recordar que Patricia Ferreira está imputada y prófuga en otra causa: la de los medicamentos brasileños presuntamente falsificados proveídos por la empresa Imedic al sistema de salud de nuestro país.
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El juez Delmás también admitió la imputación en contra de Carlos Alberto Gamarra González, Guillermo Andrés Molinas Camp (administrador de la Dirección Nacional de Aduanas del aeropuerto Silvio Pettirossi), Gustavo Adolfo Acosta Acosta (subadministrador de la citada dirección) y Mario Joel Olmedo Pacua (también funcionario aduanero), todos por la supuesta comisión de producción de documentos no auténticos, contrabando y colaboración o complicidad de funcionarios públicos o despachantes de Aduanas.
Mientras que Lauri Marcio Pohl Kleinpaul, un agente de transporte y presidente de la firma Eximcargo Paraguay SA, fue imputado por la supuesta producción de documentos no auténticos y contrabando.
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Todos fueron citados para la audiencia de imposición de medidas en el Palacio de Justicia para el 29 de julio en horas de la mañana.
Los fiscales Osmar Legal, Francisco Cabrera, Jorge Arce y Diego Arzamendia pidieron ayer la prisión preventiva para todos los imputados por peligro de fuga y obstrucción, detallando sus respectivas participaciones de acuerdo a sus diferentes responsabilidades.
Recordemos que, en total, la licitación del Ministerio de Salud fue por G. 85.000 millones para la compra de varios insumos médicos y equipos de bioseguridad en el marco de la pandemia del nuevo coronavirus. En concepto de entrega, unos G. 17.000 millones fueron ya transferidos a Imedic y Eurotec a través de un irregular proceso por el cual están sumariados funcionarios del Ministerio de Salud. Sin embargo, no se conocen aún sanciones.
El proceso fue cancelado y Salud anunció que va a ejecutar la póliza del seguro para recuperar el dinero de la entrega, pero hasta la fecha no se ha anunciado ningún avance al respecto.