Cargando...
La imputación del Ministerio Público señala que se requiere el procesamiento de Justo Rubén Pastor Ferreira Servín –apoderado de las firmas Insumos Médicos SA, Metaway SA y Glasgow SA, las cuales son a su vez accionistas de Imedic– y de su hija Patricia Beatriz Ferreira Pascottini (representante legal de Imedic SA), por los hechos punibles de contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos, todos en calidad de autoría.
También fueron imputados los funcionarios Guillermo Andrés Molinas Camp (administrador de Aduanas), Gustavo Adolfo Acosta (sub administrador de Aduanas), Carlos Alberto Gamarra González (despachante de Aduanas) y Mario Joel Olmedo Pacuá (de la División de Visturía de Aduanas) por los delitos de producción de documentos no auténticos, contrabando y colaboración o complicidad de funcionarios públicos o despachantes de Aduanas (según la Ley Nº 2422/04), asimismo, en calidad de autores.
En el caso del agente de transporte y presidente de la firma Eximport Paraguay SA, Lauri Marcio Pohl Kleinpaul, fue imputado por los delitos de producción de documentos no auténticos (autor) y contrabando (complicidad).
El caso
El Ministerio Público sostiene que existe un eventual esquema delictivo para la comisión de un fraude al Estado paraguayo que fue perpetrado a través del uso de figuras legales administrativas, con el fin de lograr el ingreso irregular al territorio nacional de mercaderías que no contaban con los registros correspondientes para su nacionalización y posterior comercialización”.
Imedic resultó adjudicada por G. 47.952.500.000 y conforme a ello, debía proveer al Ministerio de Salud Pública, equipos e insumos médicos que llegaron al aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, y no fueron recepcionados, señalan los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce Rolandi, Diego Arzamendia y Osmar Legal.
Ferreira Pascottini está prófuga
-El viernes pasado, la jueza penal de garantías Lici Sánchez ordenó la captura de la presidenta de Imedic SA, Patricia Beatriz Ferreira Pascottini, y de su directora, Nidia Godoy Ojeda, imputadas por producción y uso de documentos no auténticos, comercialización de medicamentos no autorizados y asociación criminal, por la provisión de fármacos adulterados para el Estado. También canceló las personerías jurídicas de los abogados Sebastián Quesada, José Dos Santos, Alfredo Kronawetter, Jorge Kronawetter y César Alfonzo. Son fiscales de esta causa Marcelo Pecci y Sussy Riquelme.