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Marciano Rojas, facilitador judicial de Laguna Negra, dijo que existe una discriminación y violación de los derechos indígenas, porque Méndez habría sido detenido sin orden judicial, siendo despojado de sus pertenencias. Añadió que el fiscal “le abofeteó, le dio patadas, inclusive le dejaron medio muerto” para que firmase un documento en el que admite la violación.
También acusaron al fiscal de no informar a tiempo a los familiares de la detención y traslado a la cárcel de Concepción, así como de no atender a los líderes comunitarios durante un año.
“Esto es una discriminación y falta de respeto”, apuntó Rojas. Exigió que el fiscal libere a Méndez “porque el pueblo indígena es autónomo, tiene su propia autoridad y nosotros vamos hacer lo que queremos hasta que se investigue todo”.
Por otro lado reclamaron el cierre de la mensura judicial, adjudicación y titulación de 10.079 hectáreas de tierras de Loma, ubicado cerca de Infante Rivarola, concedidas en el año 1984 por el Instituto de Bienestar Rural (IBR) (hoy Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra -Indert-) a los indígenas de Laguna Negra. El inmueble está ocupado desde hace años por Kurt Friesen (3.988 ha.), Óscar Hein Ratzlaff (2.700 ha.) y Miguel Ángel Muñoz (3.391 ha.), considerados invasores por los indígenas.
El fiscal Velázquez dijo que los nativos mienten y que no tiene porqué hablar con los manifestantes porque el caso de abuso sexual está cerrado. Afirmó que hay suficientes evidencias para acusar.
Dijo que no cometería la imprudencia de acusar por abuso sexual sin pruebas.
Indicó que está abierto a hablar con uno o dos representantes de los nativos en su oficina para explicarles la situación. No más personas, atendiendo el protocolo sanitario por la pandemia, explicó.