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Mensajes telefónicos, registros de transferencia de dinero y otros documentos forman parte de las evidencias de una presunta trama entre directores penitenciarios y altas autoridades del Ministerio de Justicia durante la administración del exministro Julio Javier Ríos con un narcotraficante que fue asesinado en 2019. Muchos de los involucrados ya son nombres conocidos por estar vinculados al caso de la “Granja vip” en el penal de San Pedro del Ycuamandyyú, donde se descubrió que narcotraficantes vivían en estado de libertad de hecho.
Ángel Tranquilino Giménez era un narcotraficante condenado y socio del conocido también en el rubro de las drogas, Tomás Rojas Cañete, alias “Toma’i”, pero ya en etapa de reclusión, el primero se fue alejando y terminó acercándose presuntamente a otros conocido del narcotráfico, Jarvis Chimenes Pavão.
Según datos recabados por ABC y difundido en el programa Crimen y Castigo, inicialmente, Giménez se encontraba recluido en el penal de Tacumbú en Asunción, y en varias ocasiones solicitó su traslado al penal de Ciudad del Este, alegando querer mayor cercanía con su familia. Esta trama de presuntos entuertos inicia justamente cuando el entonces director general de Establecimientos Penitenciarios, Blas Martínez, dispone conceder el traslado del interno al penal del este del país el 6 de noviembre de 2018.
Uno pensaría que tras tanta insistencia, gustoso Ángel Tranquilino Giménez estaría en dicho sitio, sin embargo cuatro meses después, el propio narcotraficante solicitó en una nota fechada el 18 de marzo de 2019 de vuelta su traslado, ahora al Penal de San Pedro del Ycuamandyyú, aparentemente ya con la promesa de ser uno de los “inquilinos” de la “granja vip” que operaba en el sitio.
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Es así, un día después el exdirector del penal de Ciudad del Este, Alberto Ramón Orella Notario (detenido y procesado), pide al ya citado exdirector general de Establecimientos Penitenciarios, Martínez, que proceda al traslado según solicitó el interno. Al día siguiente, 20 de marzo, Martínez accede y ordena efectivizar el traslado.
Aparece abogado y pedidos de dinero
En ese momento, estaba al frente del Penal de San Pedro del Ycuamandyyú el ahora imputado por coima, frustración a la persecución penal y liberación de presos y otros delitos, Wilfrido Quintana, que además es conocido operador político de la ANR. Ese mismo día, 20 de marzo de 2019, una abogado identificado como Héctor Montenegro, se comunica con Quintana, y presentándose como intermediario del entonces viceministro de Justicia, Pascual Barrios.
En las conversaciones por Whatsapp, el abogado requiere al director del Penal, Quintana, parte de pagos de coima que habría hecho Ángel Tranquilino Giménez para “aceitar” su traslado. “Acá nuestro viceministro dice si le puede alcanzar algo de lo que te va a dar Ángel (Tranquilino Giménez)”, plantea textualmente el abogado, a lo que Quintana responde con un: “Positivo Doctor”.
Haciendo un seguimiento de las conversaciones, existen pruebas de que efectivamente Quintana hizo un giro de dinero a un número que otorgó el abogado. El narcotraficante tuvo una tranquila estadía en la “Granja Vip” apenas unos 3 meses, ya que justo se dio la masacre entre internos en dicho penal, donde miembros del Primer Comando Capital (PCC), asesinaron, decapitaron, y quemaron a miembros del Clan Rotela, un una de las peores masacres registradas hasta ahora en presidios de nuestro país.
Tras destaparse el escándalo de la Granja Vip, Quintana huyó y estuvo prófugo hasta la semana pasada, cuando se presentó ante la Justicia, retomándose la investigación en su contra por parte del Ministerio Público. Tranquilino Giménez y otros presos vip se volvieron comunes en dicho penal, aunque por poco tiempo.
Alegando peligro a su vida, Tranquilino Giménez solicitó su traslado de vuelta a Ciudad del Este, pero un Juzgado dispuso se lo traslade al penal de Emboscada “Pedro Padre de la Vega”. Dicha disposición judicial fue ignorada, ya que el 7 de agosto de 201, el nuevo director general de Establecimientos Penitenciarios, Carlos Martín Figueredo, ordenó el traslado de Ángel Tranquilino Giménez del penal de Ciudad del Este a la cárcel de Emboscada “Padre Juan de la Vega”.
Para entonces, Tranquilino Giménez ya no se encontraría a gusto con su situación, ya que habría desembolsado mucho dinero por sus beneficios, lo cuales perdió tras la masacre. Incluso, habría amenazado con destapar los nombres, montos y detalles de los pagos a funcionarios involucrados.
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Figueredo, unos días después, el 16 de agosto revierte su disposición inicial y ordena el traslado de Ángel Tranquilino Giménez al penal de Emboscada “Pedro Padre de la Vega”, lo cual nunca se cumpliría, ya que 27 de agosto de 2019, antes de que se haga efectiva esa órden de traslado, el narcotraficante fue asesinado dentro del penal, llevándose consigo los presuntos datos de los salpicados en esta supuesta red de corrupción.
Niega estar involucrado
El exviceministro de Justicia, Pascual Barrios citado por el al abogado Montenegro negó conocer al a dicha persona, al igual que afirma no tener ninguna relación con pedido de coima alguno. Yo niego categóricamente esas versiones, ahora había que en todo caso preguntarle a ese abogado que hizo supuestamente esa operación. Yo por lo menos de mi parte desconozco y bajo ningún sentido de mi parte hubo pedido ni siquiera insinuaciones”, indicó Barrios.
“Yo estoy con la conciencia tranquila mi celular estaba disposición de instituciones, de las personas quienes lleven adelante cualquier investigación. De mi parte estoy tranquilo y disposición de lo que sea”, insistió al ser cuestionado sobre si no tendría inconvenientes al indagarse un eventual cruce de llamadas.
“Jamás autoricé absolutamente al abogado que usted está diciendo ni a ninguna persona, por lo menos en el lapso de tiempo que estuvo en el Ministerio de Justicia”, remarcó.