Denis Lichi, titular de la petrolera estatal, ha evitado brindar declaraciones a ABC en referencia a las acusaciones hechas por el legislador sobre un presunto direccionamiento para un contrato de seguro, por más de G. 9.000 millones. La institución ni siquiera ha emitido un comunicado al respecto, para aclarar ante la opinión pública su versión sobre el caso.

Ayer por la noche, el diputado Carlos Rejala divulgó en sus redes sociales la captura de pantalla de una conversación atribuída a Liz Irala, funcionaria comisionada del Senave a Petropar -y según el legislador también pareja sentimental de Lichi-. En la imagen se puede apreciar el intercambio de mensajes que aluden a empresas de seguros. El legislador afirmó que es la prueba del supuesto direccionamiento.

Al respecto, Liz Irala, que desempeña funciones en el área de Comunicación de la petrolera estatal, utilizó el mismo medio para afirmar que se trataba de una broma, demeritando de esta forma la denuncia del legislador.

El diputado afirmó que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, debe intervenir ante la conducta de la máxima autoridad de la petrolera del Estado, atendiendo a que todo indica que sigue los pasos de su antecesora, Patricia Samudio, quien se vio obligada a renunciar al ventilarse las compras de insumos médicos aparentemente sobrefacturadas en el marco de la emergencia sanitaria.

Investigación de oficio

Nuestro diario consultó a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas sobre el caso y la institución respondió que tiene abierta una investigación de oficio por la denuncia de aparente direccionamiento. Según los datos, la DNCP constató que para la contratación de seguro, en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) establecía que la oferente debía contar con calificación superior a “AA”, es decir, no admite ese nivel ni inferior. Eso, pese que es una exigencia que limita la participación porque al cierre del último ejercicio (2019) divulgado en el Banco Central del Paraguay (BCP), sólo dos compañías están en esa categoría: Patria SA de Seguros y Mapfre Paraguay Compañía de Seguros SA, según se fundamenta en la Resolución N° 2.858 de la institución.

Por eso, se estima que este requisito dejaba fuera de competencia al 95% de las aseguradoras del mercado.

Tras la intervención de Contrataciones, la convocante sacó esa exigencia que limitaba la participación de más oferentes, pero la investigación de oficio continúa su curso, para determinar si hubo irregularidades.

Acerca del llamado, Lichi había indicado en su cuenta en Twitter que se establecieron determinadas exigencias para que las firmas demuestren la solvencia financiera respaldar lo necesario por la petrolera. Se trata de una licitación pública nacional, con ID 381433, por valor de G. 9.307 millones.

La convocatoria se mantiene abierta hasta el 29 de julio, se informa en el portal.