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Los fiscales Osmar Legal, Francisco Cabrera, Jorge Arce y Diego Arzamendia imputaron este lunes a Justo Rubén Ferreira Servín y su hija Patricia Beatriz Ferreira Pascottini, líderes del clan Ferreira, que estafó al Estado en abril pasado al intentar vender insumos chinos que no cumplían los requisitos para su uso en nuestro país a través de las empresas Imedic y Eurotec.
Estas dos personas están imputadas por contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos. Cabe destacar que Patricia Ferreira está imputada y prófuga en otra causa: la de los medicamentos brasileños presuntamente falsificados proveídos por la empresa Imedic al sistema de salud de nuestro país.
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Dentro del escrito de imputación también figuran Carlos Alberto Gamarra González, despachante de Aduanas de las mencionadas empresas; Lauri Marcio Pohl Kleinpaul, un agente de transporte y presidente de la firma Eximcargo Paraguay SA; Guillermo Andrés Molinas Camp, administrador de la Dirección Nacional de Aduanas del aeropuerto Silvio Pettirossi; Gustavo Adolfo Acosta Acosta, subadministrador de la citada dirección, y Mario Joel Olmedo Pacua, que hacía vista en la DNA del aeropuerto. Todos tienen, según el Ministerio Público, diferentes responsabilidades en el esquema delictivo que montaron para estafar al Estado.
El documento de imputación tiene 21 páginas y en este se detalla la importancia de cada una de estas personas dentro del esquema. Esencialmente, todo se basa en que los insumos tales como tapabocas, trajes biomédicos y las camas hospitalarias —que fueron rechazadas por Salud Pública— ingresaron al país con documentos fraguados y con una necesaria complicidad de los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas del Silvio Pettirossi.
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La Fiscalía pidió prisión preventiva para todos los imputados por peligro de fuga y obstrucción detallando sus respectivas participaciones de acuerdo a sus diferentes responsabilidades. El Ministerio Público anunció una conferencia de prensa para esta mañana, a fin de dar más detalles al respecto.
Cabe recordar que, en total, la licitación del MSP fue por G. 85.000 millones, de los cuales G. 17.000 millones fueron ya transferidos a Imedic y Eurotec a través de un irregular proceso por el cual están sumariados funcionarios del ministerio. Sin embargo, no se conocen aún sanciones.
