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El 30 de junio pasado, el juez de sentencia Darío Báez Ferreira admitió la querella promovida por la exfuncionaria de la Defensoría del Pueblo, Cáceres Irala contra Godoy Servín, así como contra Lucía Lorena Ishiy Giménez, Augusto Emmanuel Rolón Ferreira y Armando Sanabria, por los delitos mencionados.
La querellante manifiesta que el 11 de octubre de 2019, en su condición de funcionaria se encontraba cumpliendo labores de asistente de la Dirección de Delegados del Interior. Agrega que en un medio de prensa tomó conocimiento de que fue destituida como directora de Contabilidad (cargo que ya no estaba ocupando) y luego fue desvinculada de la Defensoría del Pueblo, con una antigüedad de 16 años y 3 meses.
Supuestamente, a través de redes sociales, Godoy la acusó de planillerismo, adulteración de reposos médicos y farrista, según la querella patrocinada por el abogado Cristian Giubi.
Godoy afirma que las constancias que obran en la institución revelan que Cáceres faltó laboralmente nada menos que 7 meses en un año, porque las constancias médicas que acercó no estaban visadas por el Ministerio de Salud. Agregó que no se le hizo sumario para destituirla porque ocupaba un cargo de confianza.