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Esta mañana habló con ABC el titular de la Contraloría General de la República, Camilo Benítez, sobre algunos temas que conciernen a la institución a su cargo, como las declaraciones juradas de bienes y los tres casos positivos de COVID-19 que se detectaron en la institución.
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Estimó que hasta el momento se habrían publicado alrededor de 10.000 declaraciones juradas de bienes de políticos y autoridades, desde el 24 de junio, pero dijo que no podría precisar la cifra. Agregó que la lentitud en el proceso de dar conocimiento de estos documentos se basa principalmente en ocultar algunas informaciones que son de carácter muy privado. “Tenemos muchos inconvenientes, en especial en el tachado de los datos personales, o si no ya hubiéramos subido todo. Se tienen que tachar pues algunos datos”, señaló.
Al ser consultado sobre la posibilidad de que también se den a conocer las informaciones de autoridades nacionales desde el 2018 hasta la fecha, respondió que las declaraciones juradas hoy según la ley no son públicas y que para ser publicadas se requiere de una orden judicial, como ocurrió con las de 1998 hasta el 2017.
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“Para publicar desde el 2018 hasta la fecha se requiere de otra orden judicial, no es que porque la Corte emita un fallo no es que se derogue la ley; para que las declaraciones juradas sean públicas se tiene que modificar la ley o tiene que haber una orden judicial como hubo en este caso”, detalló.
Afirmó que desconoce que este pedido se haya presentado ante la instancia judicial en la actualidad, pero está seguro de que así va a ser, en atención a que varios ciudadanos ya hicieron este requerimiento ante la Contraloría.
“Como yo fui implacable en cumplir con la orden judicial, tengo que ser también implacable en cumplir con la ley; no puedo salirme del derecho, porque estaría transgrediendo una norma jurídica legislativa en este caso, pero si hay un juez que me dice ‘publicá todo', yo publico todo al día siguiente”, ratificó en relación a su postura de no recurrir a las órdenes dictadas por el Poder Judicial.
Casos de COVID-19 no detuvieron trabajo en la Contraloría
El contralor Camilo Benítez habló además de los tres casos confirmados en la institución. Comentó que siguieron el protocolo del Ministerio de Salud. “Las personas que estuvieron en contacto con esas personas se hicieron los estudios. Yo me hice porque una de las personas que maneja papeles que yo firmo (...) me recomendaron que me haga el estudio. Me hice los dos estudios, el de sangre y el palito (hisopado), y gracias a Dios salió negativo”, indicó.
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“Nosotros trabajamos a full; de hecho, no dejamos de trabajar ni un solo día, ni siquiera en la época de cuarentena. Solo que hay personas que están en zona de riesgo que están trabajando en sus casas, pero tenemos oficinas que son de atención al público (...) De hecho, ahora tuvimos ese aislamiento por los casos confirmados, pero la gente sigue trabajando. Tenemos nosotros la obligación de presentar nuestro informe al Congreso en agosto (...) Estamos trabajando a full, solo que tomando las medidas sanitarias”, manifestó.
Cabe recordar que el pasado 11 de junio se dio a conocer la decisión de la Corte Suprema de Justicia de que las declaraciones juradas de autoridades y ex autoridades públicas salgan a la luz. La máxima instancia judicial resolvió no hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad planteada por el excontralor Enrique García con el objetivo de no cumplir con dos sentencias judiciales que le ordenaban hacer públicos estos documentos.
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En ese contexto, como lo había adelantado el actual contralor, Camilo Benítez, la Contraloría ya no accionó contra esta resolución, por lo que desde el 24 de junio empezaron a subirse en la página web de la institución las declaraciones juradas de bienes, que abarca a ex y actuales legisladores, titulares de entidades, ministros y presidentes. Asimismo, la estatal tiene 60 días hábiles para dar cumplimiento a la publicación de documentos de un total de 19 años.
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