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Los datos oficiales revelan que de los referidos fondos, de la parte prevista para el funcionamiento del Estado, se destinaron en abril US$ 158 millones, en mayo US$ 85 millones y en junio US$ 57 millones para cubrir sueldos de docentes, personal de salud, militares y policías debido a la caída de los ingresos tributarios.
Hasta antes de la pandemia los salarios se pagaban íntegramente con la recaudación de impuestos, pero ahora el monto requerido para cumplir con el personal se completa con la deuda contraída con organismos financieros internacionales o la emisión de bonos, aunque cada mes en menor medida dada la leve recuperación de la recaudación impositiva con la cuarentena inteligente.
El informe de Hacienda da cuenta que de los US$ 1.600 millones de fondos de emergencia ya se transfirieron a los diferentes programas US$ 1.147 millones, lo que representa el 71,6% (incluye salarios, jubilaciones, pensiones, deuda, capitalización de entidades financieras, salud pública). En tanto, el crédito de US$ 390 millones aprobados también dentro del marco de la referida ley, ya se otorgó en su totalidad (AFD, MAG y Plan de recuperación).
En total, los fondos asignados como parte de la ley de emergencia sanitaria ascienden a US$ 1.990 millones, de los cuales se transfirieron US$ 1.537 millones, dice el informe de la cartera fiscal.
Déficit
El informe explica que al cierre del primer semestre del año el déficit fiscal representa US$ 877,2 millones, lo que equivale a 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB).
Además, registra un déficit operativo de US$ 420,9 millones, 1,2% del PIB, lo que implica que el Tesoro no puede cumplir con el pago de la deuda solo con recursos genuinos, una situación que se viene dando desde marzo y para el cual tiene asignado US$ 77 millones del fondo de emergencia sanitaria.
Con estos resultados el déficit anualizado (doce meses) se mantiene en el orden de 4,7% del PIB, lo que representa US$ 1.692 millones y la previsión para fin de año es que estaría en torno al 6% y 7% (US$ 2.520 millones), ya que a las deudas de emergencia se sumará una nueva por US$ 350 millones, si el Congreso lo aprueba.
En los últimos dos años a pedido del Ejecutivo el Congreso aprobó levantar el tope de déficit de 1,5% del PIB, establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. El año pasado, el ejercicio cerró con -2,9% por el mayor endeudamiento para reactivar la economía tras una recesión, de acuerdo con el argumento oficial.
El saldo rojo se produce porque se ejecutan inversiones en infraestructura y se financian gastos de funcionamiento del Estado con fondos provenientes de deudas (bonos y préstamos), teniendo en cuenta la caída de los ingresos tributarios por causa de la pandemia por coronavirus.
Hacienda destaca que a junio los ingresos tributarios cayeron 15,4%, pero si se compara con lo que se estimaba recaudar si la economía no fuera afectada por la pandemia la diferencia que dejó de ingresar al fisco equivale a 21,5%, es decir US$ 403,4 millones.
En tanto, se mantiene un alto nivel de inversión física, llegando a US$ 456,3 millones, con un crecimiento del 37,4% (mayor al 9% registrado en el mismo periodo del año 2019), explica el informe.