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“Rescindimos el contrato con el consorcio TX por incumplimiento de la firma. Defendemos los intereses de los más de 500.000 contribuyentes de Asunción”, afirmó Rodríguez a través de sus cuentas en redes sociales, exhibiendo la resolución de la intendencia.
La decisión, no obstante, fue cuestionada en las redes sociales, ya que si bien el contrato con el consorcio TX, integrado por las empresas, Gaudi SA y TX SA -esta última panameña- se firmó durante la administración del exintendente Mario Ferreiro, también fue avalado por una mayoría de concejales, y Rodríguez era precisamente presidente de la Junta Municipal.
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La empresa supuestamente fue contratada para ayudar a la comuna al cobro de impuestos, lo cual desde un inicio se consideró una cesión ilegal de las atribuciones y obligaciones de la Municipalidad, sobre todo teniendo en cuenta que tiene una cantidad de funcionarios con lo que cuenta y que la ley los obliga a cumplir esta función y no delegarla. Además se cuestionó el porcentaje de las recaudaciones que se destinarían a la firma por el supuesto servicio.
Responsabilizan a Rodríguez por TX
Justamente hoy, miembros del grupo ciudadano: “#Asunosevende” responsabilizan al intendente de Asunción Óscar Rodríguez y a los concejales firmantes del contrato con el consorcio TX, ante la demanda que esta última presenta por valor de US$ 15 millones. TX fue adjudicada para consultoría al sistema de Gestión Tributaria, informó la periodista de ABC, Lía Barrios.
Mediante una nota a la Comuna asuncena citan que de conformidad al art. 106 de la Constitución Nacional y el art. 276 de la Ley Orgánica Municipal, son las autoridades las que deben hacerse cargo del pago con sus propios bienes, en el caso de que la empresa tenga razón.
“Llama poderosamente nuestra atención los seis meses de tiempo que han pasado para comunicar al Consorcio TX la rescisión del contrato. ¿Por qué han dejado transcurrir todo este tiempo? ¿Cual es la razón de la marcada demora?”, citó como parte de la nota Rosa Vachetta, una de las firmantes, quien explicó que por ello en la nota exigen que la Comuna muestre toda la documentación del caso.
En diciembre del 2019, el intendente dijo que iba a rescindir el contrato. Supuestamente se les iba a notificar la lista de incumplimientos que tuvieron. A partir de allí la empresa tendría 10 días para responder y esa respuesta se iba a derivar a la Dirección de Asesoría Jurídica para finalmente proceder a la rescisión.
Sin embargo, ante la demanda de la empresa, ahora la ciudadanía se entera que la rescisión nunca fue realizada, sino que solo se procedió a una suspensión.