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Ernesto Javier Zacarías Irún llegó a la Intendencia de Ciudad del Este en 2001 y presentó su declaración jurada de bienes en 2002. Tenía un patrimonio neto de G. 1.093 millones, no declaraba ni un vehículo y tenía un inmueble en Hernandarias. Cuando renunció al cargo de jefe comunal, en 2007, su declaración jurada (DJ) demostraba una duplicación de sus bienes, que sumaban G. 2.457 millones e incluían un automóvil que estaba pagando a cuotas, un terreno en Ciudad del Este, producto de una herencia, y un lote en el cementerio esteño.
Ese año, 2007, pasó a ser intendenta Sandra McLeod de Zacarías, que en 2006 había asumido como concejala esteña y ahora reemplazaba en el puesto a su marido. Javier Zacarías, entretanto, fue nombrado su asesor ad honorem. Como edil ella declaró un patrimonio de G. 3.189 millones, que para 2015, cuando fue reelecta intendenta, ya eran G. 6.696 millones.
Entre 2007 y 2018, la fortuna de Javier Zacarías, que según sus allegados era quien en realidad tomaba las decisiones en la Municipalidad esteña, subió a G. 23.900 millones, según la D.J. que presentó al jurar como senador. Declaró G. 66.500.000 como “honorarios” y en entrevista con ABC había argumentado que parte de su crecimiento económico se debía a que ejerció el derecho, como abogado, pero no hay escritos ni colegas suyos que lo avalen, sino todo lo contrario.
El crecimiento de la fortuna de la pareja que gobernó durante 18 años a Ciudad del Este, coincide con denuncias de desvíos de dinero y licitaciones amañadas en favor de sus amigos.
Documentos indican que el mayor incremento de bienes se registró a partir de 2013, con la llegada de su aliado Horacio Cartes a la Presidencia de la República. Los Zacarías-McLeod alcanzaron, estando en la función pública, una vida de lujos y ostentación. Acumularon inmuebles por G. 17.115 millones, incluidos tres departamentos de súper lujo en una playa de Brasil, además de una aeronave, viajes a Europa, vestir de renombradas marcas y fiestas de nivel monárquico. Por no declarar todos sus bienes, en 2018 la Fiscalía imputó a la pareja por declaración falsa.