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La Junta Departamental de Boquerón finalmente aceptó el veto del ejecutivo a la ordenanza, que habría permitido a los concejales controlar mejor los precios referenciales de licitaciones. Esto pese a que el concejal Oliver Sawatzky (PPQ), impulsor de la ordenanza, presentó durante la sesión del martes comparaciones de precios referenciales más baratos de los que figuraban en las últimas licitaciones, en un promedio de 55 por ciento. Es decir, entre 28 hasta 60 por ciento, según rubros como víveres, carne o cubiertas de automóviles y tractores, arrojando un monto de G. 90 millones “que se tiró a la basura”.
Durante la sesión Sawatzky habló de “sobrefacturaciones” y que “para mi esto es una corrupción”. Lamentó que la UOC-Boquerón no pida precios a importadores, sino solo a comercios locales y aseguró que si la Junta verifica los precios referenciales para las licitaciones, no chocaría contra ninguna ley. El concejal Mario Regier (PPQ), quien también votó por el rechazo del veto, señaló que se trata de un acto ético, para transparentar las licitaciones.
A favor del veto estuvieron los concejales colorados: Rober Vázquez, Juan Carlos Irala, Lourdes Gómez y Maura Recalde, mientras el presidente de la Junta Óscar Rodas Nuñez (PLRA) no votó. Los ediles colorados alegaron que se debe esperar hasta tanto sea levantada la acción de inconstitucionalidad contra la Ley 2872/2016, que modifica y amplía la Ley 426/94 de la carta orgánica departamental.
La ordenanza había sido aprobada el 26 de mayo y apoyada después también por la Asociación de Juntas Departamentales del Paraguay (Ajudepa).
El gobernador Darío Medina sostiene que la ordenanza contradice la ley, interviene en un proceso administrativo que corresponde al ejecutivo y convierte de esta manera a la Junta en juez y parte. Según fuentes, varios gobernadores del país se habrían mostrado “preocupados”, si esta ordenanza entra en vigencia, podría ser imitada en otros departamentos.