Cargando...
En la fecha habló con ABC la legisladora Kattya González sobre las compras realizadas y las no concretadas por parte del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) en el marco de la pandemia de COVID-19.
En ese contexto se refirió a las manifestaciones de la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras COVID-19 (CESC), que en conferencia de prensa manifestó que “no existió daño patrimonial” en la cancelación del contrato con las firmas Imedic y Eurotec, por lo que el Gobierno había entregado un adelanto de G. 17.000 millones. “Están con una estrategia peligrosa, creo que la mayoría se sintió estafada por ese discurso, se sintió tomada de tonta, entonces vamos a seguir”, opinó.
Lea más: Gobierno quiere instalar que no existió daño patrimonial en compra de insumos
“Hoy voy a poner a consideración del grupo una nota a la Secretaría de la Función Pública porque esos sumarios ya tenían que haber terminado. Los sumarios son cortos, los plazos son perentorios, que se pongan las pilas y que podamos tener una respuesta. Entonces, si tanto se escuda el Ministerio que mandó hacer sumarios, entonces queremos saber cuál es el estado del procedimiento”, comunicó.
Lea también: Sumario selectivo en Salud Pública por compra de los insumos chinos
También señaló que estas declaraciones de la comisión especial motivaron la reiteración del pedido a la Fiscalía de un informe sobre el estado de las investigaciones en torno a ese caso puntual. “Particularmente, yo no confío en el Ministerio Público”, agregó, en atención a que existe una denuncia hecha por legisladores ante este organismo investigador, para que dé a conocer a los culpables de la licitación que habría sido amañada.
Nota relacionada: Señalan que compra fallida del Ministerio de Salud causó lesión a todo el sistema de salud por desaprovisionamiento
“Ese discurso que dice ‘no hay daño patrimonial’ miente; miente, porque sí hay daño patrimonial en todos los casos en que hemos denunciado. A lo mejor en las licitaciones que prematuramente se han retrotraído no hay, pero en la mayoría de las denuncias penales sí hay daño patrimonial. No porque una aseguradora vaya a pagar quién sabe cuándo (...) La realidad es que ese dinero no está hoy para gastarlo, es un dinero público que está congelado, producto de un litigio. El discurso contradictorio del Gobierno a través de sus altos funcionarios significa: ‘Acá debemos seguir operando’”, expresó.
En cuanto a la última carga de insumos médicos que fue adquirida por el Estado a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), subrayó que “si es que quieren operar de esta manera tienen que buscar la manera de rendir cuentas. Quiere decir que el Estado no es idóneo para hacer ninguna compra. Yo no estoy de acuerdo”, enfatizó.
Añadió que esta es una manera de sustraer las compras del circuito de control, en atención a que no se hicieron por la vía de Contrataciones Públicas.
Lea más: Arriban 25 toneladas de insumos comprados por el MSP y donados por Canadá
Antecedentes
El Ministerio de Salud adjudicó una licitación para la compra de insumos a las empresas Imedic y Eurotec, propiedad del clan Ferreira, cargamento que fue rechazado en gran parte debido a que la mercadería no cumplía con las especificaciones técnicas requeridas para la lucha contra el COVID-19.
Sin embargo, el contrato por G. 85.000 millones con un adelanto de G. 17.000 millones no fue suspendido hasta que la Contraloría General de la República elevó un informe de más de 40 páginas señalando una serie de irregularidades en el proceso y apuntando a una licitación “viciada”.
Lea más: Contraloría concluye que la adjudicación estuvo totalmente “viciada”
Esto desencadenó finalmente en que el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, decidiera suspender el contrato con ambas empresas, además de ejecutar la póliza e instruir sumario administrativo contra los funcionarios involucrados en la licitación que no cumplió con los pasos administrativos requeridos para el efecto, según el informe contralor.
Esta situación también generó la denuncia de unos parlamentarios en contra del Ministerio de Salud y a su vez, esta cartera estatal presentó denuncia en contra de las firmas proveedoras del clan Ferreira.
Nota relacionada: Mazzoleni informa cancelación total de contrato, ejecución de la póliza e instrucción de sumario
La Fiscalía a su vez, inició una investigación y se constituyó en varias dependencias de salud pública para avanzar con la pesquisa y tratar de dar con los responsables, pero hasta la fecha no hay ningún imputado en la causa.