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El próximo censo nacional de población y vivienda de nuestro país está previsto que se realice en agosto próximo, tras el decreto N° 3.620 firmado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. El costo será de US$ 43 millones (distribuidos en cinco años) y los primeros trabajos ya empezaron, según la organización. Indicaron que también se va a considerar el componente de migración.
“A partir del decreto del presidente de la República por el cual se ordena la realización del próximo censo nacional de población y vivienda para el año 2022 se constituye el Consejo Nacional del Censo y también se declara de Interés Nacional la realización del censo”, manifestó Iván Ojeda, director general de la DGEEC.
La Comisión Nacional de Censo tuvo su primera sesión hoy y está presidida por el ministro secretario general de la República, Juan Ernesto Villamayor, y tiene como secretario ejecutivo a la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC).
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“El proyecto de censo es un proyecto de cinco años. Ya arrancó con la planificación, el diseño del formulario y toda la metodología para que sea un éxito. Estamos seguros de que será un éxito porque contamos con el personal técnico y la experiencia”, afirmó Ojeda.
El funcionario recordó que este será el octavo censo nacional de población y vivienda. La aplicación del censo empezó en Paraguay en el año 1950.
“Estamos hablando de dar dos vueltas a la República. La primera, con la actualización cartográfica, para lo cual vamos a estar visitando todos los hogares de la República, y la segunda, que va a ser en el segundo semestre del 2022, en el que se va a decretar un feriado, un miércoles, va a parar el país ese día y van a salir 210.000 voluntarios censistas”, manifestó Ojeda.
La inversión es de US$ 43 millones, unos G. 282.000 millones. La actualización cartográfica será de marzo a diciembre y el levantamiento censal, en agosto de 2022.
Consultado acerca de las medidas que se van a tomar para no caer en el fracaso como lo ocurrido en el censo de 2012, Ojeda sostuvo: “El censo de 2012 fue innovador en su diseño pero controvertido en su implementación. El mayor problema fue que no se tuvo los fondos necesarios ni el respaldo político necesario. Hoy tenemos la capacidad técnica, el acompañamiento de la comunidad internacional. Estamos seguros de que será un éxito. La señal más clara es que, por primera vez, el Decreto sale dos años antes, así que nos da tiempo para organizarnos”, afirmó.
El fracaso de 2012
En nuestro país, el último censo nacional se llevó a cabo en 2012, durante el gobierno de Fernando Lugo. Este estudio nunca terminó, a pesar del beneficio de la tecnología. Este censo tuvo una cobertura de solo el 76,3%, cuando -de acuerdo a los estándares internacionales- el censo poblacional de un país debe tener una cobertura de al menos el 90% para que pueda ser válido.
No tiene valor cuantitativamente, aunque sí cualitativamente, porque tuvo 71 preguntas que la ciudadanía debía responder.
Para llevarse a cabo se solicitó un préstamo de US$ 12.500.000 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Estado paraguayo aportó US$ 5.500.000. En total, el estudio fue presupuestado en US$ 18.000.000.