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La jueza Ávalos contó este martes a ABC que el guardia Scappini, que confesó haber matado a la magistrada Mereles el sábado pasado en horas de la tarde, tenía un sumario abierto en la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia por un proceso penal que afrontó en 2017. Sin embargo, la dependencia de la máxima instancia judicial “cajoneó” el proceso.
“Encontré que en 2017 él fue sometido a un proceso penal en el que se le benefició con un criterio de oportunidad, todo eso se comunicó a la Corte, a la Superintendencia de la Corte, a cargo del abogado Rafael Monzón, y se inició el proceso sumarial. Existe el proceso sumarial pero no se finiquitó”, recordó Ávalos.
“Tampoco a él en ese proceso sumarial se le suspendió, porque eso suele pasar con nuestros funcionarios por menos cosas inclusive. A algunos se les suspende con goce de sueldo, a otros sin goce, pero ese es un tema que corresponde a la Superintendencia. Nosotros no tenemos acá descentralizado el tema disciplinario”, añadió.
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La presidenta de la circunscripción explicó que el guardia fue contratado en 2013 por la Corte en un tiempo en que no había concursos. Sostuvo que pudo haber sido por recomendación, pero se negó a aventurar quién pudo haber pedido por él.
“Me puse a buscar los antecedentes de este chico y él fue contratado en el año 2013 por la Corte Suprema de Justicia, y la Corte envía para que entre en nuestro presupuesto. En aquellas épocas, las contrataciones se hacían por allí, eso se va renovando, nuestros contratados tienen que participar de un proceso sumarial para que puedan ser desvinculados”, detalló.
Ahora ya existen concursos para poder ingresar como contratados. Aun así, Ávalos ordenó la revisión de la salud física y mental de los funcionarios de esa dependencia. “Pedimos a la Corte que se pueda revisar la situación de los funcionarios, no solo los de CDE, sino en toda la circunscripción, cómo están de salud, de salud mental inclusive”, refirió. “Jamás pude imaginar que teníamos a esta persona con problemas serios”, concluyó.
Monzón, destituido
El asesinato de la jueza Diana Eveline Mereles Duarte tuvo como repercusión la destitución del superintendente general de Justicia, Rafael Monzón, hecho que sucedió ayer. El Consejo de la Superintendencia de la Corte resolvió ayer de tarde la intervención del órgano contralor judicial y para ello designó como interventor al abogado Mario Elizeche González.
El depuesto superintendente manifestó anoche en ABC Cardinal que el guardia “Wilson Scappini tuvo dos denuncias ante la Superintendencia General de Justicia”. Añadió que se abrieron dos sumarios: uno por llegada tardía y otro por supuesto hecho de hurto de evidencias. En este último caso desde la Superintendencia General se recomendó una sanción, explicó Monzón.
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Ávalos dijo hoy que el asesino confeso tenía una denuncia penal de 2017 y un juez lo había denunciado por manipular una cámara, pero no por hurto de evidencias.
Ayer, el Consejo de Superintendencia emitió dos resoluciones en las que establece que en los próximos 30 días los funcionarios, contratados y tercerizados del área de seguridad sean sometidos a exámenes de antecedentes laborales, desempeño, conductuales, psicológicos, psiquiátricos y toxicológicos.