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Según los datos, la misma se hacía el tratamiento prenatal en el hospital Juan Pablo II, de barrio Obrero y llamativamente, desde el nosocomio no alertaron a las autoridades competentes pese a la existencia de un protocolo de asistencia a víctimas de agresión sexual que establece la inmediata comunicación a la Fiscalía.
La defensora pública contó que al tener conocimiento se constituyó en el Hospital Regional pero que la víctima ya se había retirado. Agregó que no obstante, labró acta y comunicó al Juzgado Penal de la Niñez y la Adolescencia.
La menor consultó y recibió la indicación de retornar al día siguiente ya que aún no entraba en trabajo de parto. El personal de blanco intentó retenerla para que la menor pueda hablar con la defensora pero sus familiares la impidieron. La hermana de la menor, más bien se preocupaba por el papá de la criatura, por si iría preso, según testigos.
En la fecha, acudió nuevamente a centro asistencial donde finalmente dio a luz.
La defensora pública contó que realizó la denuncia ante la fiscala Camila Rojas por abuso sexual, “porque siendo menor de edad en estado de gestación, es porque fue abusada”. “Yo solicité que se libre oficio, tanto al Hospital Regional como para el Hospital Juan Pablo ll con el fin de recabar informaciones sobre el historial clínico de la paciente además de la individualización del autor y que se le castigue”, indicó.
Al ser consultada sobre la omisión en la que incurrieron el personal de blanco al no dar aviso sobre el caso a las autoridades competentes, dijo que eso constituye un delito y que podría encuadrarse como omisión de dar aviso sobre un hecho punible, además de frustrar la persecución y la ejecución penal, aunque aclaró que eso está a cargo de la Fiscalía.