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Acuña recordó este viernes que la acusación fiscal hablaba de un daño patrimonial de G. 1.224.976.100 que se perpetró a través de dos compras sobrefacturadas, según la presentación del Ministerio Público.
El primer daño fue con la compra de panificados por G. 281.309.600, entre el 29 de mayo y el 16 de diciembre de 2009 (esto dio el mote de ‘coquitos de oro’ al caso). La segunda compra sobrevaluada fue entre el 21 y 24 de diciembre de 2009. Se habían adquirido fideos, arroz, yerba, entre otros, por G. 943.000.000. Luego se comprobó que esos montos estaban “inflados”.
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Acuña explicó que, en la primera situación, la de los panificados, el tribunal de sentencia compuesto por Juan Carlos Zárate Pastor, María Fernanda García y Héctor Capurro no pudo determinar la culpabilidad de ambos. Sin embargo, sí encontró perjuicio al Estado por G. 943.000.000 del total de G. 1.224.976.100 que planteó la Fiscalía.
Lo que contó también la fiscala en conversación este viernes con ABC fue que, pese a que el tribunal consideró la responsabilidad de Soares y Guachiré en una sola de las dos imputaciones, pidió una mayor condena por diez años. El Ministerio Público había pedido solo cinco.
Sin embargo, los magistrados tomaron el pedido de Fiscalía y condenó al político y ahora periodista por cinco años y a Guachiré por tres años y nueve meses.
“Es una gran satisfacción que el tribunal haya entendido el argumento del Ministerio Público, sobre todo por el tiempo que llevó esto. Se agotaron todos los recursos, (Soares) llegó hasta la Corte para tratar de evitar juzgar estos actos”, dijo Acuña.
La agente celebró que la justicia haya permitido juzgar la conducta y lograr la condena”. Dentro del Poder Ejecutivo es una de las secretarías más sensibles la de Emergencia Nacional. Comerciar con la necesidad de la gente es grave”, añadió.
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Acuña reprochó también los incidentes planteados durante casi diez años. “El señor Camilo Soares en su momento fue sancionado por uso abusivo del derecho. Llegamos al absurdo en estas causas contra provisiones que hacían solo el efecto de dilatar”, indicó, recordando que Soares fue multado por chicanero. Solo este año intentó evitar el proceso una vez por supuesta exposición al coronavirus y en otro momento utilizando a su propia madre.
Soares nunca pudo explicar cómo es que se dio la compra irregular de la que habla la Fiscalía, solo se limitó a decir en diez años que su imputación es de carácter político.
Indicó además que un grupo de fiscales que hoy son parlamentarios estuvieron detrás de su imputación y procesamiento, como una manera de venganza. Aporta muchos dichos, pero pocas pruebas de su inocencia y hasta el partido P-MAS que fue uno de sus más férreos defensores, hoy lo trata de chantajista y oportunista.