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Villamayor señaló que el presidente Mario Abdo Benítez y todo su Gabinete siempre tuvieron la visión de que “debemos proteger” a las industrias nacionales. “La ley de Obras Públicas ya establece que cualquier adquisición que se haga con fondos del Presupuesto General de la Nación debe realizarse en favor de empresas nacionales”, resaltó.
En ese sentido, destacó que la excepción es la contratación con recursos internacionales, para lo cual se pasa por el Parlamento el crédito internacional y en el condicionamiento está prevista la licitación internacional.
“Es decir, la República del Paraguay siempre protegió a las empresas nacionales y excepcionalmente permite que se contrate en forma internacional cuando pasa por un crédito de nivel internacional que obliga a ese comportamiento”, agregó el jefe de Gabinete.
Cabe recordar que la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que propone que los fabricantes paraguayos puedan ofrecer al Estado sus productos y servicios hasta un 40% más caros que los oferentes extranjeros en las licitaciones públicas (el actual margen es del 20%). La ley contaba con media sanción del Senado y ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
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Sobre el punto, Villamayor recalcó que las empresas nacionales ya están protegidas en el sistema actual de contrataciones. “Elevar del 20 al 40% en forma directa es sencillamente una preferencia en determinadas zonas que son muy pequeñas, donde una suerte de empresas que importan materia prima desde otros países van a participar en contra de empresas internacionales”, opinó y aclaró que es su postura y no la del Presidente.
“Yo no puedo estar en contra de eso, pero creo que la flexibilización que pidió el Poder Ejecutivo (…) guarda relación con un decreto reglamentario. Es decir: otorgarle al Presidente la facultad de, en determinada situación, elevar del 20% y hasta el 40%, es esa la visión que tenía el Poder Ejecutivo”, manifestó.
Aseguró que la aprobada en el Congreso no es una ley que protege a la industria nacional, sino a las empresas nacionales que contratan con el Estado.
Aunque aseguró que él no puede hablar sobre lo que decidirá el Presidente, confirmó que está de acuerdo con que los análisis técnicos “son proclives al veto”.
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Margen de preferencia actual no registró mayor impacto
Varios Diputados advirtieron varios días atrás que si se aumenta el margen de preferencia a industrias locales, podría ir en detrimento de la calidad y cantidad de las compras. Incluso, hay acusaciones de supuestas compras de votos para aprobar ley y que rija en las convocatorias millonarias de Salud.
La Dirección de Contrataciones Públicas realizó una evaluación del impacto a los recursos del Estado con la aplicación de la Ley N° 4.558, que establece un margen de preferencia del 20% a industrias públicas en las licitaciones públicas ante el proyecto de ley que pretende aumentar ese porcentaje a 40%.
La oficina constató que de 1.098 adjudicaciones publicadas entre enero y marzo de este año, solo en 354 se presentaron el certificado de origen, que representa un 32%. De esa cifra, un total de 36 oferentes fueron beneficiados con una mayor inversión del Estado, es decir, “un 10% de las veces que el oferente poseía el certificado fue adjudicado gracias al mismo”, se aclara en el informe.
En cuanto a la modalidad de adjudicaciones, Contrataciones Públicas reportó que no hubo una marcada tendencia. “Cabe aclarar que en ocasiones los oferentes poseían el certificado de origen pero no fueron contabilizados dentro de los beneficiados porque presentaron la oferta más baja”, indica el documento.
El director, Pablo Seitz, señaló que no es un monto muy significativo lo que el Estado “invirtió de más” con el fin de incentivar la industria nacional mediante la aplicación del margen de preferencia, siendo G. 201 millones.
“Es muy delicado, porque hay rubros en los cuales no se justifica destinar más recursos”, reflexionó sobre el proyecto de ley y sugirió aplicar una reglamentación con topes y no una ventaja en porcentaje.
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