Contraloría necesita más poder para investigar falseamiento de datos en DD.JJ., dice camarista

El juez de apelación en lo penal, Pedro Mayor Martínez, opinó que la Contraloría General de la República (CGR) necesita tener mayor fuerza y poder para investigar sobre las sospechas de falseamientos de datos en las declaraciones juradas de bienes.

Pedro Mayor Martínez, juez del Tribunal de Apelación Penal de Asunción.
Pedro Mayor Martínez, juez del Tribunal de Apelación Penal de Asunción.Lorena Aponte

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En entrevista concedida a ABC, el camarista Pedro Mayor Martínez indicó que el Gobierno puede revisar roles y evaluar la posibilidad de que la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) pase a unificarse con la Contraloría para así darles más efectividad a las investigaciones a nivel nacional e internacional, informó la periodista de ABC Lorena Aponte.

“Se me ocurre una idea: que debería, en todo caso, la Secretaría Nacional Anticorrupción estar involucrada o pasar a través de una normativa legal a depender de la Contraloría General de la República”, indicó.

Dijo que la Contraloría tiene la función de verificar información de las declaraciones juradas (DD.JJ.) de bienes y rentas de los funcionarios públicos, pero le faltan equipo, talento y recursos humanos y materiales como para cumplir también con convenciones internacionales sobre anticorrupción y aquí el apoyo de la Senac sería importante.

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Remarcó que actualmente se sobrecarga al Ministerio Público en la investigación de oficio por presuntos falseamientos de datos que pueden, a su vez, llevar a sospechas de enriquecimiento ilícito.

“Lo importante es no atosigar y esperar que el Ministerio Público actúe, porque finalmente la ley autoriza a la Contraloría en casos sospechosos (...) remitir al Ministerio Público estos elementos que fueron relevados por la Contraloría. Por eso es importante un trabajo interinstitucional”, destacó el juez de apelaciones.

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Agregó que individualmente estas instituciones se debilitan y por eso importante un trabajo interinstitucional y revisar los roles de algunas instituciones del Estado a fin de fortalecer el control, teniendo en cuenta la liberación de información con el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ordenó publicar las DD.JJ. de prácticamente todas las autoridades y ex autoridades públicas.

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