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Abdo Benítez está en una encrucijada: por un lado, la ciudadanía exige alguna forma de paliar la crisis económica por la pandemia del coronavirus; por el otro, conocer cómo subsidiará las millonarias pérdidas que advierten los presidentes de la ANDE y la Essap de ser promulgada esta ley.
En el caso de la ANDE, el presidente Luis Villordo estima un déficit de US$ 250 millones y en el de la Essap, el titular Natalicio Chase advirtió que solo por abril y mayo la pérdida fue de G. 90.000 millones, unos US$ 14 millones. Si se extiende eso por seis meses, a razón de US$ 7 millones por mes, la estimación total de pérdida es de US$ 42 millones.
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Ayer, el jefe de Gabinete Civil, Juan Ernesto Villamayor, dijo que el mandatario pidió encontrar una solución a la cuestión de las facturas de ANDE y Essap. Sin embargo, detalló que hay verbos dentro del proyecto que deben ser estudiados con cuidado, como por ejemplo “exonerar” y “cancelar”, además de qué implica cada uno de esos enunciados.
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El lunes, durante actos oficiales en Pilar, el Presidente fue consultado si vetará o no el proyecto y solo atinó a responder con un pulgar arriba, de forma nada conclusiva o detallada. Otras versiones de los entes afectados hablan de un veto parcial.
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El plazo límite para la decisión es dentro de una semana, seis días hábiles contando desde ayer, martes 23, según lo dispone la Constitución, informó Edgardo Romero, periodista de ABC.
El proyecto en cuestión exonera facturas de la ANDE y Essap por seis meses (de marzo a agosto de 2020). Rige, en el caso de la ANDE, para usuarios con consumo de energía de hasta 1.000 kWh/mes (G. 442.000). Si sobrepasa este valor, solo pagará la diferencia.
En el caso de la Essap se aplicará también el mismo mecanismo de anulación y exoneración de pagos por servicios en el periodo de marzo a agosto, pero no se aclara hasta qué monto del consumo por cada cliente.
También incluye a las aguateras privadas y Juntas de Saneamiento. En estos casos, las boletas de pago podrán ser diferidas y descontadas hasta el 100%, beneficio que alcanzará a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y sectores vulnerables.