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Esta mañana habló con ABC el defensor de Javier Zacarías Irún para argumentar las declaraciones de la jueza Cinthia Garcete, quien dio el sobreseimiento definitivo al legislador cartista. La magistrada alegó que la acusación contra ZI –por el daño patriomonial de G. 1.200 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este (CDE)– era nula porque supuestamente el Ministerio Público no describió la conducta del legislador.
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En ese contexto, Preda repitió prácticamente el mismo discurso que dio ayer la jueza Garcete. “Con relación a Javier Zacarías Irún, dice que él instigó, pero no dice ni a quién, ni cómo ni cuándo. Si hablamos de que hay 70 órdenes de pago, la Fiscalía debería relatar en relación a cada orden de pago cómo fue y a quién Zacarías Irún instigó. La Fiscalía se funda en los dichos del coacusado. Eso de por sí es para anular una acusación porque no se puede fundar en los dichos un coacusado (Juan Sanabria, exdirector de Prensa de la Comuna esteña)”, indicó.
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“Si a esto sumamos que Juan Sanabria se desdijo de todo lo que señaló inicialmente en la investigación y no solamente se desdijo, sino que en la declaración preliminar acusó a Josefina Aghemo y a René Fernández de haberlo amenazado tanto a él como a su familia de que los metería a la cárcel si ellos no incriminaban específicamente a Zacarías Irún”, insistió.
Sanabria había dicho en comunicación con ABC, no solo ante el Ministerio Público, que la orden de contratar periodistas o pautar en medios de prensa las hacía él mismo, por instrucciones de Javier Zacarías Irún, pero posteriormente cambió totalmente su versión y acusó a los fiscales como si los investigadores hubieran inventado toda una farsa solo para inculpar al legislador.
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“Lo que le requirieron los fiscales, según Juan Sanabria, es que incrimine a Javier Zacarías Irún y para ello incluso le entregaron un disco duro que debía introducir en una computadora en la Municipalidad cuando él ya no prestaba servicio, entonces se lo pidió a una cuñada, que también fue imputada para que introduzca ese disco duro en la computadora de la Municipalidad y luego simular que se hacía un allanamiento en la fecha. Todo eso fue explicado por Juan Sanabria en la audiencia preliminar y es lo que la jueza tuvo en cuenta para mirar la acusación contra Javier Zacarías”, expresó.
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Por otra parte, también habló del sobreseimiento definitivo a Alberto Rodríguez (ANR, cartista), ex intendente interino, quien logró este beneficio porque la magistrada y la defensa de ZI señalan que “no puede ser juzgado dos veces”.
“La previsión de ser juzgado dos veces incluye los actos administrativos; si vamos a una identidad de asuntos, en el caso de lesión de confianza tenés que tener un daño patrimonial, en eso se fundó la función de falta de acción (...) Habíamos solicitado una excepción por una falta de acción, que era la cosa juzgada. Ningún egreso del año 2014 o del 2015 tuvo un perjuicio patrimonial y esa decisión está firme”, ratificó.
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En ese contexto, el abogado José Casañas Levi dijo hoy en contacto con ABC que el juez puede evaluar las pruebas en un juicio oral y público, no en una audiencia preliminar como lo hizo Garcete. “En la audiencia preliminar, el juez lo único que tiene que resolver es si la carga que le presenta, de todo lo que juntó el Ministerio Público en esa audiencia, es suficiente o tiene méritos para un debate en un juicio. La responsabilidad penal en puridad se tiene que resolver en un juicio oral y público y no en una audiencia preliminar (...) Cuando un juez se ubica en la posición de un tribunal, está cruzando una línea que no puede cruzar”, opinó. Además, sostuvo que la magistrada no puede decidir si hubo o no doble juzgamiento en una determinada cuestión.
Cabe recordar que además la jueza Cinthia Garcete anuló una serie de pruebas presentadas por la Fiscalía y sobreseyó de manera provisoria a la exintendenta de CDE Sandra McLeod de Zacarías y a otras siete personas: el exdirector de Finanzas de la Comuna David Espínola, el exjefe de Prensa Juan Sanabria y el locutor Carlos Bordón Bottino, dueño de la empresa de maletín Frontera Producciones, que fue empleada en el esquema de corrupción.
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Así también, los hermanos Gustavo Rojas Espínola, Dora Rojas Espínola, Lucía Rojas Espínola y Olga Rojas Espínola. La primera fue funcionaria asignada al Departamento de Prensa y los tres últimos manejaban otras empresas de portafolio usadas para el saqueo.
Antecedentes
El proceso fue iniciado en enero de 2019 por un supuesto desvío de los recursos municipales por el valor de G. 1.200 millones que se habría realizado vía adjudicación de contratos millonarios de publicidad a la firma Frontera Producciones. Gran parte del dinero fue supuestamente empleado en la campaña electoral del clan Zacarías en los comicios internos de 2015 y 2017.
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En ese contexto, en sus declaraciones iniciales, Sanabria no solo había dicho que Zacarías hacía oficina en la Comuna de Ciudad del Este y que ordenaba pagos, sino que dio montos, habló del modus operandi, detalles de cómo se realizaban los pagos a los medios de prensa y la publicidad encubierta; hasta había mencionado un registro paralelo en la Municipalidad, para posteriormente cambiar toda su versión.