La conducta de los diputados se puede catalogar como un caso de uso indebido de influencias o tentativa de uso indebido de influencias, sostuvo a ABC el abogado constitucionalista Hugo Estigarribia Gutiérrez. “Está tipificado como delito por el Código Penal como coacción a un órgano constitucional, con pena máxima de 10 años, y también la tentativa se tipifica como delito”, dijo.

Recordó que el artículo 248 de la Constitución garantiza la independencia del Poder Judicial y la norma recalca que en ningún caso los miembros de los otros poderes podrán arrogarse atribuciones judiciales ni intervenir de cualquier modo en los juicios.

“Este ‘ni intervenir de cualquier modo en los juicios’ es lo que se aplica a los diputados. Resulta que los diputados presentan una nota con sello y firman como diputados y constituyen domicilio en la Cámara de Diputados, y hablan de terceros interesados. ¿Interesados en qué? Si ellos están tratando un proyecto de ley, que si bien tiene conexión con esto que estaban estudiando los ministros, es una injerencia en el Poder Judicial”, dijo el especialista en derecho constitucional.

Indicó que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Simón Martínez, quien dio a conocer públicamente el intento de este grupo de diputados de frenar el histórico fallo sobre las declaraciones juradas, también podría haber formulado una denuncia ante el Ministerio Público para que se abra una investigación penal. Igualmente, un particular que tiene conocimiento del hecho tiene la obligación de hacerlo y hasta la Fiscalía puede actuar de oficio.

“Es muy grave. No se le está dando la importancia debida en la propia Cámara de Diputados por sus pares que no firmaron, ni tampoco en el Poder Judicial haciendo la denuncia pertinente desde la presidencia de la Corte o los ministros de la Corte”, remarcó.

Pérdida de investidura

Es que además de la investigación penal, Hugo Estigarrribia también recordó que el mismo artículo 248 de la Constitución establece que los que atenten contra la independencia del Poder Judicial quedarán inhabilitados para ejercer toda función pública por cinco años consecutivos.

“Correspondería que sus pares le inicien el proceso de pérdida de investidura a todos los firmantes, por un lado, y aplicar la Constitución y la inhabilitación por cinco años”, remarcó.

La diputada de Encuentro Nacional Kattya González también sostuvo ayer que el apriete de sus colegas constituye causal de pérdida de investidura e instó a la Corte a tomar acciones por el intento de injerencia política en el fallo judicial.

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No obstante, hoy el diputado Édgar Acosta indicó que su opinión inicial es que no cree que la acción de sus colegas merezca ser tratada en la Cámara, aunque aclaró que no está todavía interiorizado del tema. Igualmente, adelantó que en caso de que se pretende tomar algún tipo de medida institucional, no habrá suficientes votos para sancionar a sus colegas.

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Un día después de despenalizar la presentación de declaraciones juradas falsas y un día antes de que la Corte Suprema emitiera la histórica sentencia que estableció que esos documentos deben ser publicados, diputados colorados y liberales llanistas presentaron ante la Corte una nota con la que pretendían primero recusar a todos los miembros de la Sala Constitucional ampliada y, segundo, tomar parte del proceso que debía definir si las declaraciones juradas eran o no públicas.

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Entre los firmantes que se identificaron aparecen los cartistas Pedro Alliana, Hugo Ramírez, Bachi Núñez, Justo Zacarías, Rocío Abed, Tadeo Rojas, Nazario Rojas, Carlos Núñez Salinas, Del Pilar Medina, Néstor Ferrer, Blanca Vargas y Rubén Balbuena.

También aparecen los abdistas Freddy D’Ecclesiis, Pastor Soria, Roberto González y Hugo Ibarra. Igualmente, firmaron el pedido los liberales llanistas Édgar Ortiz y Andrés Rojas Feris. En el documento hay varias firmas que son ilegibles y no estaban identificadas.

El pleno de la Corte rechazó por unanimidad el pedido de los diputados por vicios formales y procesales. Falló a favor de la transparencia y días después el presidente Mario Abdo Benítez vetó la ley de despenalización de las declaraciones juradas falsas, veto que ya fue aceptado por el Congreso.