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La oficina realizó una evaluación del impacto a los recursos del Estado con la aplicación de la Ley N° 4.558, que establece un margen de preferencia del 20% a industrias públicas en las licitaciones públicas ante el proyecto de ley que pretende aumentar ese porcentaje a 40%. De esta manera, las fábricas locales podrán ofertar sus productos y servicios un 40% más caro frente a los oferentes extranjeros.
El informe fue elaborado tras analizar 1.098 adjudicaciones que fueron publicadas entre enero y marzo del 2020 y se verificó en cuántas de ellas se ha presentado el certificado de origen, producto y empleo nacional, mediante el cual se instrumenta la herramienta del margen de preferencia para productos y servicios de origen nacional.
La oficina constató que del total, sólo en 354 adjudicaciones se presentaron el certificado de origen, que representa un 32%. De esa cifra, un total de 36 oferentes fueron beneficiados con una mayor inversión del Estado, es decir, “un 10% de las veces que el oferente poseía el certificado fue adjudicado gracias al mismo”, se aclara en el informe.
En cuanto a la modalidad de adjudicaciones, Contrataciones Públicas reportó que no hubo una marcada tendencia.
Por otra parte, Seitz señaló que no es un monto muy significativo lo que el Estado “invirtió más” con el fin de incentivar la industria nacional mediante la aplicación del margen de preferencia, siendo G. 201 millones. “Cabe aclarar que en ocasiones los oferentes poseían el certificado de origen pero no fueron contabilizados dentro de los beneficiados porque presentaron la oferta más baja”, indica el documento.
Agrega que la información recabada hasta el momento no permite llegar a conclusiones certeras puesto que se analizaron solo adjudicaciones del primer trimestre, el cual normalmente presenta una cantidad más baja de procesos respecto al resto del año. Al respecto, Seitz manifestó que se realizará un nuevo estudio y esta vez del último cuatrimestre del año pasado, para conocer el impacto de la normativa en ese lapso.
En cuanto a su postura sobre el proyecto de ley, Seitz indicó que el Congreso debe tener en cuenta la postura de los ministerios de Industria y Comercio y de Relaciones Exteriores. Advirtió que podría impactar en los acuerdos internacionales, de hecho, Uruguay ya pidió un informe al respecto ante el Mercado Común del Sur (Mercosur).
Por su parte, la Unión Industrial Paraguaya (UIP) apoya el aumento del margen de preferencia a la industria nacional como medida para generar empleos y promover la industria nacional. Además, divulgó un informe en el cual asegura que la industria farmacéutica realiza un mayor aporte fiscal y al seguro social al comparar con las empresas industriales e importadoras del rubro.
El gremio muestra un listado de las empresas que integran el sector local y luego, las extranjeras, y concluye que “del cruce de datos entre el listado de proveedores de medicamentos al Estado y la última actualización del informe de mayores contribuyentes del Estado, se evidencia que las empresas industriales farmacéuticas aportan al fisco G. 21.209 millones más que las empresas importadoras de medicamentos que también aparecen como mayores aportantes”, afirma.
Agrega que la cantidad de empleados registrados en el Instituto de Previsión Social (IPS) de las empresas industriales farmacéuticas duplica a las de las importadoras y en cuanto a aportes, el sector farmacéutico industrial supera ampliamente.
El reporte se da conocer en coincidencia de la denuncia de la diputada Celeste Amarilla, quien dijo que el aumento del margen de preferencia beneficiará a la industria farmacéutica, teniendo en cuenta las millonarias licitaciones convocadas por el Ministerio de Salud.
La legisladora calificó de “mentira” el argumento de que al aumentar el margen de preferencia se promoverá la generación de empleo, puesto que con el avance de la tecnología, las industrias prescinden cada vez más de las personas. “Tenemos que fomentar la manufactura, sector que no es proveedor del Estado”, dijo.