Cargando...
Villordo anunció que analizarán los alcances de la ley que fue remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto y que estipula la anulación de facturas y otras concesiones para los clientes de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), entre ellas la exoneración del consumo de marzo a agosto. Según explicó, la institución no cuenta con los recursos financieros necesarios para aplicar lo dispuesto en la ley.
“Esperaremos el texto final para ir sacando números. La ley contempla una exoneración de 250 millones (de dólares), es ilógico pensar que nosotros estafamos a la gente. Nunca hubo intención y tampoco se dio esto”, señaló.
Reiteró que la ANDE no cuenta con los fondos necesarios para la implementación de la normativa, que además de ampliar la exoneración para consumos de hasta 1.000 kwh también extiende el periodo de gracia hasta agosto. “No tenemos la condición de hacer este desembolso por las facturas ya emitidas, implica un subsidio de 250 millones de dólares, realmente no tenemos la mínima condición financiera para ella”.
Con relación al periodo en el que se dejó de hacer lectura de los medidores y se emitieron facturas con estimaciones de consumo, aseveró que esto se debió a que por preservar la salud de sus funcionarios y por la escasez de transporte público durante la cuarentena total, se acogieron a la modalidad del teletrabajo. No obstante, señaló que, desde el 22 de mayo, se volvió al trabajo normal y que los funcionarios salieron a hacer las lecturas correspondientes.
En otro punto, lamentó que las autoridades del Congreso no lo hayan convocado para explicar los pormenores técnicos referentes a la ley. Lo que me parece injusto es que no tengamos la posibilidad de asistir al Congreso para ir explicando nuestro proyecto”, señaló.
Por otra parte, recordó que las boletas con sobrefacturaciones que ya fueron abonadas por los usuarios, quedarán en cuenta a favor, para ser descontadas de sus próximas facturaciones. Manifestó que las fallas en las estimaciones hechas para la emisión de facturas se debieron en parte a la precariedad del sistema utilizado para los efectos. “Lo que más respetamos nosotros son los derechos de los usuarios y de los funcionarios, el proceso de facturación que tenemos data de 25 años atrás”, contó.
Villordo no se animó a revelar si recomendará al Poder Ejecutivo el veto a la ley, sin embargo insistió en que harán un análisis de las implicancias técnicas y financieras que suponga la implementación de la normativa. “Tengo la obligación de hacer un informe técnico claro y justo, es mi responsabilidad, retratando fielmente las dificultades técnicas que puedan haber y sobre la aplicación de la ley”, acotó.
Nota relacionada: Sancionan ley que cancela facturas de ANDE y Essap de marzo a agosto