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Benítez indicó que hubo un error involuntario en la carga de datos sobre la remuneración que percibe como intendenta del municipio. Explicó que su salario está presupuestado en G. 48.000.000 anuales, de los cuales percibe G. 4.000.000, más dietas de G. 1.500.000, totalizando G. 5.500.000 al mes.
“Yo percibí solamente G. 4 millones más mi dieta, en ningún momento cobré más que eso, sólo hubo un error humano y se cargó el restante de mi presupuesto en la planilla, por lo que pareció que percibí ese monto”, excusó la jefa comunal.
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Agregó que sus dichos se demuestran en la ejecución presupuestaria cuatrimestral 2020, donde aparecen los montos que percibe como salario. Asimismo, indicó que desde el municipio ya están realizando la aclaración y corrección correspondiente de la planilla a la Secretaría de la Función Pública (SFP), para que pueda ser rectificada.
Según las cifras publicadas en el portal oficial del Gobierno nacional, la intendenta Andresa Benítez (PDC) habría percibido en el mes de marzo en concepto de remuneración G. 49.500.000 y G. 39.000.000 en abril, pero, según aseguró ella misma, fue un error de carga en el sistema.
Cuestionada administración
Por cinco votos contra cuatro, la Junta Municipal de Troche rechazó la rendición de cuentas de 2019 de la intendenta Andresa Benítez (PDC), por supuestas irregularidades y “manejo oscuro” de la finanza municipal. Desde entonces, los ediles vienen denunciando una serie de supuestas sobrefacturaciones de diversas obras encaradas el año pasado.
Entre las denuncias están la construcción de dos pórticos por más de G. 130 millones y letras corpóreas con el nombre de la ciudad por G. 150 millones, de los cuales se pagó G. 12 millones por dos simples mástiles que en el mercado común cuestan cerca de G. 300 mil cada uno.
También existe sobrecosto en la construcción de un invernadero por más de G. 112 millones, mientras que su precio real sería cerca de G. 70 millones, una placita por más de G. 263 millones y un alambrado común de 800 metros de largo por G. 40 millones.
Todas estas denuncias ya fueron presentadas por los ediles ante la Contraloría General de la República, el Tribunal de Cuentas y el Ministerio Público.
