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“Las medidas que vaya a tomar el presidente no las conozco, pero si les puedo asegurar que va a pedir el consejo a todos, no toma decisiones inmediatas”, afirmó Villamayor sin dejar a entrever una eventual postura del mandatario hacia el veto -que puede ser parcial o total- o la promulgación.
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En el caso de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) está pendiente una serie de inversiones que le exige hacer el plan nacional de desarrollo energético, por lo que el no percibir los meses exonerados podría afectar a dicha obligación. “Es una entidad que necesita una fuerte inversión interna, porque está creciendo, todos los días está creciendo el consumo de energía la República del Paraguay”, dijo Villamayor y remarcó que “esa inversión se ve afectada si la ANDE no puede cobrar la contraprestación de su servicio”.
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Indicó que ese aspecto hay que considerar ya que está vigente a través de un decreto y no tiene relación con los errores que pudieron haberse registrado en la facturación, que si ocurrieron, tienen que corregirse. “Cuando alguien hace algo mal hay que corregirlo, hay que rectificarlo, hay que pedir disculpas e ir adelante, mostrándole la mejor buena fe a la gente”, afirmó.
Independientemente a dichas consideraciones, para Villamayor lo que podría generar un conflicto jurídico de promulgarse la ley de exoneraciones tiene que ver con el caso de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP), ya que esta tiene la figura de sociedad anónima.
“Jurídicamente me preocupa más el caso de ESSAP, porque no es un problema sólo financiero, hay un problema jurídico”, advirtió Villamayor, quien como jurista tiene dudas de la legalidad de intervenir sobre sociedades anónimas. “Yo no estoy seguro como jurista, lanzo un elemento para debatir, si por ley nosotros podemos ralentizar la facturación de las sociedades anónimas que prestan servicios, porque mirá que las telefónicas también prestan servicios”, apuntó.
El mismo dijo que su consideración no tiene que ver con el aspecto de que corresponda o no la exoneración, sino pidió que “miremos la figura jurídica que está detrás que es una sociedad anónima y me preguntó sobre las atribuciones (del Gobierno) para tomar esta decisión”.