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El abogado Ezequiel Santadaga, representante del periodista Juan Carlos Lezcano, quién presentó la acción que permitió liberar las DD.JJ. de los Políticos, obligando a la Contraloría General de la República a publicarlas explicó que la aclaratoria que presentarán mañana es contra el fallo paralelo de la Sala Constitucional ampliada, que rechazó la nota presentada por 29 diputados por ser “manifiestamente improcedente”.
Santadaga aclaró a ABC Color que la intención no es juzgar legal ni políticamente la acción de los Diputados -aunque podría desencadenar en eso-, sino que simplemente que la Corte diga si el rechazo se dio porque la acción de los Diputados fue inconstitucional, ya que la Carta Magna y la Ley impiden que otros poderes del Estado -en este caso el legislativo- interfiera en un fallo del Poder Judicial.
“Lo que pretendemos es que la Corte aclare es que esa presentación fue ‘manifiestamente improcedente‘ -palabras textuales de la Corte- por entre los fundamentos que ya dieron de orden legal que ya son correctos, pero sobre todo por la violación del artículo 248 (de la Constitución Nacional). Que halla una calificación de orden penal o política no es objeto de este recurso de aclaratoria, para nada”, indicó Santadaga.
La estrategia es relevante, ya que independientemente a que corra o no un proceso penal o incluso un pedido de pérdida de investidura contra estos 29 diputados, lo que buscan es sentar una jurisprudencia para que no vuelva a ocurrir un hecho similar. “Si la Corte efectivamente sostiene que esa pretensión de intervenir era manifiestamente improcedente porque no concordaba con el artículo 248 de la Constitución, habría que analizar si corresponde o no la aplicación del manifiestamente improcedente, o bien la consecuencia debe ser meramente política, en cualquiera de los casos habría que aclararlo después”, remarcó sobro lo que considera posterior a la aclaratoria que piden.
El abogado enfatizó que una eventual resolución de la Corte, dejando en claro el proceder inconstitucional de los legisladores, podría proteger a los mismo altos magistrados de que estos Diputados luego los amenacen con un juicio político. “La Corte si debe pronunciarse, debería ejercer ese control de Constitucionalidad, sobre si esa presentación estaba acorde o no con el claro texto constitucional y eso si creemos es relevante, porque en el peor de los casos, supongamos que no haya una acción penal o política, si va a haber una clara definición de la Corte para que esto no vuelva a ocurrir, y hay una cuestión, estos Diputados (...), pueden pedirle juicio político a los miembros de la Corte; pero cómo podrían pedir juicio político a los miembros de la corte si estos ya le dijeron que violaron el 248″, destacó Santadaga.
El abogado constitucionalista Hugo Estigarribia coincidió con Santadaga en que la Constitución Nacional es clara en su artículo 248, que impide este intento de coacción que realizaron los legisladores a otro poder del Estado. Además agregó el artículo del Código Penal que establece las sanciones.
