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La defensa del presidente del Partido Liberal solicitó un cuarto intermedio hoy en la audiencia de imposición de medidas con el objetivo de poder analizar la “rectificación de la imputación” que fue presentada por el fiscal Eugenio Ocampos. La jueza Cynthia Lovera aceptó el pedido y fijó una próxima audiencia para este viernes a las 10:00.
En la imputación inicial se indicaba que Alegre presentó la rendición de cuentas de las elecciones de 2018 el 1 de junio de ese mismo año. Sin embargo, en la audiencia de imposición de medidas, el fiscal Ocampos dijo que en realidad esa rendición se presentó el 1 de abril de 2019, cambiando por completo el relato, considerando que la factura que se habría fraguado tiene fecha del 19 de julio del año pasado.
En ese sentido, el agente del Ministerio Público indicó que se ratifica en los hechos imputados, pero solicita la rectificación con el cambio de las mencionadas fechas.
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La audiencia de imposición de medidas se inició a las 9:00, pero el fiscal Ocampos llegó con media hora de retraso, lo cual fue cuestionado por el defensor de Alegre, el abogado Guillermo Duarte Cacavelos.
Durante el desarrollo de la audiencia también se generó un incidente porque la jueza le solicitó a Alegre que se quitara la bandera que tenía sobre los hombros, a modo de capa, puesto que se trataba de una audiencia legal. Mientras la magistrada le explicaba el motivo del pedido, el titular del PLRA emitía un discurso sin dejarla hablar, por lo cual Lovera golpeó con fuerza el mazo del Juzgado exigiendo silencio.
Duarte Cacavelos indicó que el fiscal reconoció que ayer por la tarde recibió el legajo y sin revisarlo por completo se presentó a la audiencia esta mañana. “Nosotros ahora vamos a analizar, sacar copias y hacer el trabajo fino. Y yo les advertí, les dije que sería bueno que el fiscal haga un trabajo serio, porque nosotros vamos a atacar otra vez su imputación, venimos atacando y ellos tratan de arreglar, y así saltamos de un error a otro. Es un descarrilamiento de un proceso penal que no corresponde”, cuestionó.
“El doctor Alegre nunca vio esta factura, son otros los administradores”, garantizó en otro momento. Asimismo, aseguró que jurídicamente no existe una “rectificación de la imputación”. “El fiscal ni vino a hora; seguramente se enteró que reclamamos que el Ministerio Público no estaba presente y vino corriendo a traer este mamotreto”, cuestionó.
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Recusación al anterior fiscal
El agente de la Unidad Fiscal N° 2 de Lucha Contra el Contrabando, Eugenio Ocampos, fue designado como interino luego de la recusación presentada por Alegre contra el fiscal Édgar Sánchez, por supuestas irregularidades en la primera imputación, que fue devuelta al Ministerio Pública por la magistrada que entiende en la causa.
Rápidamente, Ocampos ratificó la imputación contra el excandidato a presidente de la República por el PLRA por supuesta producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y el uso de estos documentos, en el marco de la investigación sobre presunta clonación de facturas.
Según la imputación inicial, el 1 de junio de 2018, el titular del Partido Liberal Radical Auténtico habría presentado al Tribunal Superior de Justicia Electoral un informe de rendición de gastos de las elecciones generales de ese año, que tenía adjunta una factura del 18 de julio de 2018 por la suma de G. 98 millones, que sería clonada y de contenido falso, con el objetivo de solicitar el pago del subsidio electoral y con ello “obtener un beneficio patrimonial indebido”. Cabe destacar la incongruencia en las fechas.
El fiscal agregó en esa imputación que el hecho fue descubierto con la denuncia que presentó el señor Silvio Concepción Martínez, en su carácter de propietario de la estación de servicios del emblema “Catedral”, en la que refiere que participó de una reunión de negocios con políticos del PLRA, quienes le comentaron que su empresa figuraba como proveedora de combustible de la entidad política y le exhibieron la factura por G. 98 millones.
Martínez cotejó con sus archivos dicho documento y constató que esa factura fue emitida a nombre de Arnaldo David Martínez por la suma de G. 100.000, “afirmando así la falsificación”.
Las otras dos personas procesadas en el marco de esta causa son Pascual Benítez Barrientos y Luis Morriz, administradores de los candidatos en Alto Paraná durante los comicios pasados.
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