Ministerio de Salud reclama un total de G. 25.500 millones a aseguradora por contratos rescindidos

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) remitió el pedido de ejecución de póliza a la aseguradora Patria SA sobre el adelanto entregado a Imedic SA y Eutotec para la compra de insumos médicos, contratos que fueron rescindidos por la estatal. En total, reclama el pago de G. 25.500 millones por el incumplimiento del contrato.

La comitiva fiscal recorrió los depósitos del  Parque Sanitario del Ministerio de Salud. Indagan denuncias en caso insumos.
Constitución de fiscales en depósitos del Ministerio de Salud para verificar los insumos.Archivo, ABC Color

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La solicitud de ejecución de la póliza de los contratos rescindidos entre el Ministerio de Salud y las empresas Eurotec e Imedic SA –que alcanzaban un total de G. 85.000 millones– fue presentada por la cartera sanitaria el pasado 8 de junio, tras la firma del ministro de Salud, Julio Mazzoleni. En total se remitieron dos notas a la aseguradora Patria SA, una por cada empresa.

La secretaría de Estado solicita la devolución de los G. 17.000 millones entregados a ambas firmas en concepto de anticipo, además de la garantía por el incumplimiento fiel del contrato, que sumarían G. 8.500 millones. En total alcanza G. 25.500 millones.

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En ambas notas, el Ministerio de Salud recuerda que ya se intimó, el pasado 26 de mayo, a Eurotec e Imedic para que devuelvan el anticipo. Asimismo, hace constar que las dos empresas presentaron un recurso para la reconsideración de la rescisión de los contratos.

En ese contexto, el director de Normas y Verificación de Contratos del Ministerio de Salud, Carlos Espínola, en comunicación con ABC, explicó que independientemente del pedido de reconsideración de las firmas, la estatal tenía un plazo, que se cumplía el lunes pasado, para requerir a la aseguradora el pago de las garantías mencionadas.

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“Hasta el viernes 5 ellos tenían que haber devuelto el anticipo y presentar un recurso de reconsideración. Lo primero no hicieron y lo segundo llegó el viernes en mi área jurídica, por eso hicimos constar en la nota que ahora estamos analizando, pero eso tampoco suspende el requerimiento de pago, ya que tenemos un plazo ante la aseguradora”, detalló.

En cuanto a la reconsideración, adelantó que Salud mantiene la postura de la rescisión total del contrato, puesto que ya estuvieron analizando varios puntos. “Ellos alegan que por fuerza mayor no pudieron cumplir el contrato en tiempo y forma y que algunos de los productos que fueron entregados cumplirían con las especificaciones técnicas. La cuestión de fuerza mayor (...) Para nosotros, el proceso en sí fue iniciado a conocimiento de todos los oferentes que estamos en el marco de una pandemia”, indicó.

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Dijo que ese argumento de fuerza mayor se podía entender si es que la pandemia de COVID-19 se iniciaba con posterioridad a la firma del contrato. “Se podían haber cuestionado los plazos antes de la firma del contrato, pero ellos al momento de presentar su oferta aceptaron todos los términos del llamado, entre ellos los plazos de entrega, la urgencia en la que estábamos”, enfatizó.

Antecedentes

Cabe recordar que los insumos médicos y equipos de bioseguridad habían llegado desde China el 18 de abril pasado, y unos 10 días después, la cartera estatal rechazó casi la totalidad del cargamento porque no cumplían con las especificaciones técnicas.

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En ese contexto, la Contraloría General de la República dio a conocer el 21 de mayo último un informe, que señala una serie de irregularidades en el proceso de licitación. Al día siguiente, Salud anunció la rescisión del contrato, la ejecución de la póliza y el sumario administrativo para deslindar responsabilidades dentro del Ministerio.

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Al respecto, un grupo de legisladores presentó una denuncia ante la Fiscalía contra el Ministerio de Salud, mientras que Salud lo hizo en contra de las empresas proveedoras. De esa manera, el Ministerio Público inició una investigación del caso y se constituyó en varias oficinas, así como en el depósito de la estatal.

Más recientemente, el viernes 5 de junio, la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras COVID-19, remitió un análisis de 32 procesos de compra por vía de la excepción en el marco de la pandemia, en el cual se encontraron también varias anomalías y el equipo recomendó a Salud la anulación de varios de los procesos que estaban en etapa de evaluación.

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