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En la fecha el juez, el juez Raúl Florentín resolvió procesar a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio y a otras 21 personas por lesión de confianza, entre ellos funcionarios de la mencionada institución e integrantes de las firmas proveedoras, que supuestamente serían de maletín. El magistrado fijó audiencia de imposición de medidas para el 24 de junio, a las 8:00.
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El caso se enmarca en la adjudicación licitaciones, para hacer frente a la pandemia de COVID-19 para comprar una serie de insumos, entre ellos tapabocas y agua tónica.
Cabe recordar que Samudio había renunciado al cargo el pasado 22 de abril –luego de que la Fiscalía realizara una serie de procedimientos dentro de la investigación del caso– no sin antes recusar a los fiscales del caso.
Asimismo, luego de las mencionadas diligencias la fiscala Liliana Alcaraz presentó imputación contra la extitular de Petropar, el pasado 29 de mayo.
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Además en los primeros días de este mes, la Contraloría General de la República (CGR) publicó un informe acerca de la licitación, adjudicada a la firma Solumedic SA, con el objetivo de adquirir productos y equipos, por la suma de G. 356.700.000 y concluyó que en varios ítems se confirma la inexistencia de la “urgencia impostergable” algunas mercaderías como: agua tónica, termómetros de uso industrial, pallets y bidones.
Agrega que para estos casos se pudo haber empleado el proceso ordinario de licitación para obtener los mejores precios del mercado.
También apunta que la institución no pudo justificar documentalmente la entrega de insumos a funcionarios a su cargo y subraya que algunos de los insumos adquiridos, puntualmente en el caso de los tapabocas, no cumplían con las especificaciones técnicas establecidas en cuanto al origen de los mismos.
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Señala además que entre esas mascarillas adquiridas, las 2.000 que fueron donadas al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social –para proteger al personal de blanco del nuevo coronavirus– estaban vencidas ya desde hace casi dos años y medio.
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