Tras la movilización del Sindicato del Instituto de Previsión Social (IPS) y la negativa de distintos sectores a la posibilidad de disponer de los fondos jubilatorios, el senador Silvio Ovelar decidió retirar la propuesta que había presentado ya el 26 de mayo pasado, informó el periodista de ABC Marcos Cáceres.

El proyecto de ley planteaba en uno de los artículos que “el Instituto de Previsión Social podrá realizar inversiones financieras, con carácter excepcional y por el periodo de vigencia de la Ley N° 6.524/20, desde el Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones en cualquiera de los fondos administrados por el Instituto”.

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Esta mañana, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores estudió el proyecto de ley y acudieron tanto el presidente del consejo de administración del IPS, Andrés Gubetich, como Ovelar. Allí, el senador proyectista anunció oficialmente el retiro de la propuesta.

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También adelantó que presentará otro proyecto de ley que contemple un salvataje financiero para el IPS, en tanto que Gubetich se comprometió a enviar al Senado un informe detallado sobre la situación financiera del IPS.

La senadora Desirée Masi (PDP), integrante de la Comisión, también le pidió al presidente del IPS que envíe un informe sobre las patronales morosas y que, además, los denuncie ante la Fiscalía.

Otro punto que planteaba el proyecto es que los empleadores también puedan ser cotizantes del seguro, al igual que sus empleados. Además, que puedan ser incorporados de forma gradual todos los funcionarios permanentes y contratados de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Baja recaudación en IPS

Ayer, el gerente de Prestaciones Económicas del IPS, Pedro Halley, indicó que la institución atraviesa una grave crisis financiera porque los aportes se redujeron de US$ 100 millones a US$ 60 millones por el paro de actividades a causa de la pandemia del COVID-19.

El uso de los fondos jubilatorios es una salida, como así también se barajan otras opciones como recurrir a un préstamo del Banco Nacional de Fomento (BNF) o que el Estado pague toda su deuda, que es de US$ 400 millones.