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La secretaria de Estado respondió a la consulta de ABC acerca del proyecto de ley que se encuentra en el punto 6 del Orden del Día de la Sesión de Cámara de Diputados de hoy. Señaló que, cuidando principios básicos de la Ley N° 2.051 de Contrataciones Públicas, “puede integrar el conjunto de políticas y medidas que reduzcan la dependencia de mercados externos inciertos, recuperen empleo, retengan divisas, por citar algunos posibles efectos positivos”.
Sin embargo, advierte del impacto socioeconómico de la preferencia nacional en las compras públicas, puesto que "las grandes obras de infraestructura tienden a requerir participación internacional”, especificó. Agregó que se podría negociar la participación de algunos sectores de industria nacional eficientes en cadenas productivas en este tipo de modalidades de compra, “por lo que es importante concluir el estudio en curso para poder aportar nuestro parecer a consideración de los legisladores, tanto para las compras públicas nacionales como las internacionales”.
El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, dijo que la modificación de la Ley N° 4.558 que hoy da ese margen de 20% a la industria local podría implicar pagar 40% más por los mismos productos. “Es muy delicado, porque hay rubros en los cuales no se justifica destinar más recursos”, reflexionó y sugirió aplicar una reglamentación con topes y no una ventaja en porcentaje.
Por su parte, la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos (Cripfa) alertó que el proyecto de ley propone incrementar de 20% a 40% el margen de preferencia de los productos nacionales, sin mayor discusión que el origen del fabricante.
El vocero del gremio, Hugo Estigarribia, manifestó que la discusión se concentra en productos “extranjeros versus nacionales”, ya que el documento es una consecuencia de lo registrado con los insumos chinos que no cumplieron los requisitos del Ministerio de Salud. “Consideramos que se debe apuntar al control de calidad de las compras públicas, no abocarnos a un falso nacionalismo”, manifestó.
Consultado al respecto, el presidente de la Cámara de Industrias Farmacéuticas, Gerardo García, respondió que la modificación permitirá una mayor circulación de los recursos del Estado en nuestro país, no solo a este sector, y que además podría atraer inversiones. Detalló que el gremio provee productos al Estado por US$ 300 millones al año, cifra que representa el 30% de su volumen de compras en el rubro. “De aplicarse la propuesta, estimamos que las ventas aumentarían un 10%”, indicó.
Acuerdo nacional
La ministra de Industria y Comercio recordó que se avanza en la redacción del acuerdo nacional para la adquisición de batas y camas hospitalarios, documentos que serán rubricados entre la Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay (AICP) y el Centro de Industriales Metalúrgicos (CIME). “Esta opción ya existe en la normativa vigente y es exclusiva para la industria nacional”, recalcó y opinó que “existen sectores que tienen sobrada capacidad en calidad y capacidad de producción para satisfacer demandas específicas del Estado”.
La semana pasada, el gremio informó que con la fabricación de la materia prima para la confección de batas se aspira proveer al Estado por US$ 20 millones. Santiago Colombino, vocero, mencionó que se abocan a cumplir todos los requisitos de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) para ser proveedores del Estado.
