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Esta mañana habló la diputada Rocío Vallejo sobre la necesidad que existe de modificar la Ley 2.051, de Contrataciones Públicas. Reconoció que es imperiosa una modificación, pero señaló que de momento para su equipo es difícil trabajar en eso, debido a los otros proyectos que están en proceso. No obstante, apuntó que este planteamiento puede venir desde el Ejecutivo o del mismo director de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Dijo que en el área de salud hay otras cuestiones que priorizar, como la calidad de los productos o equipos, y no solamente ver cuál tiene la oferta menos costosa. También señaló que cualquier proceso que demuestre alguna irregularidad debe ser anulado.
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“Lo que observo bastante es que Contrataciones Públicas hace observaciones a muchos de los procesos, pero después viene la respuesta y queda en una cuestión de que nunca se le llama la atención o se le sanciona. No sé si hay una cuestión de ir más allá, porque son errores importantes que detecta Contrataciones en muchos casos pero queda ahí (...) Voy a comunicarme con el director de Contrataciones para ver si ellos ya tienen algo, voy a tomar esa iniciativa”, aseveró.
En ese contexto, llegó al punto de los medicamentos fallidos que son adquiridos por las instituciones, como, por ejemplo, los del Instituto de Previsión Social (IPS), que adquirió medicamentos de dudosa procedencia, los cuales tras ser analizados, ya luego de la compra, se pudo comprobar que no cumplen las especificaciones.
“Esto es escandaloso, la vulnerabilidad del sistema de control, hay una vulnerabilidad total del sistema que no sabés qué realmente estás consumiendo, que literalmente te puede matar”, manifestó al respecto.
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En ese punto, dirigió su crítica a lo ocurrido con la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa). “Dinavisa tenía que ser intervenida y no solamente cambiar a la directora. Se tenía que hacer una auditoría de los permisos que se dieron en los dos últimos años, pero no hubo ese paso tampoco. Realmente estoy preocupada por las acciones que no se están tomando en ese sentido. Independientemente de la confianza que le des a la persona que entra, ordená una auditoría de gestión minuciosa para ver hasta dónde está llegando el sistema que no funciona”, enfatizó.
Asimismo, dijo que todos los procesos de licitaciones deben estar en línea en tiempo real. “Que la gente sepa minuto a minuto y que no sea difícil el acceso a la información. ¿Por qué tiene que ser secreto el proceso si es plata pública?”, cuestionó.
Antecedentes
Todo el escándalo por los procesos irregulares en las licitaciones salió a la luz en medio de la pandemia de COVID-19, cuyo primer caso en el país se reportó hace tres meses, el 7 de marzo pasado. Solo tres días después se anunció la cuarentena sanitaria para prevenir la expansión masiva del virus y además reforzar el sistema de salud con insumos y medicamentos.
Sin embargo, tras 90 días de cuarentena, la mayoría de las compras de insumos han fallado porque algunas no cumplían las especificaciones técnicas o porque se detectaron numerosas irregularidades en procesos de licitación de varias instituciones estatales, entre éstas Dinac y Petropar, como los casos más resaltantes y que actualmente cuentan con investigaciones fiscales.
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Tanto es así que el Ministerio de Salud el pasado 22 de mayo anunció la rescisión de un contrato por un total de G. 85.000 millones –con las firmas Eurotec e Imedic, de Justo Ferreira–, luego de que el informe de la Contraloría General de la República señalara que el proceso estaba completamente viciado. En ese contexto, incluso el Ministerio Público ya realizó varias diligencias para investigar las responsabilidades penales en el caso.
Asimismo, más recientemente, la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras COVID-19 también dio a conocer un análisis elaborado en base a 32 procesos de compra del Ministerio de Salud por vía de la excepción. El material señala varias anomalías e incongruencias en dichos procesos y recomienda la anulación de aquellos que estaban en proceso de evaluación.
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Por otra parte, se encuentra el cargamento de antibióticos adquirido por el Instituto de Previsión Social (IPS) y entregado por Insumos Médicos SA (Imedic), que será retirado e incinerado por no cumplir requisitos de calidad. No obstante, estos medicamentos cuentan con el registro de Dinavisa, razón por la cual se realizará una auditoría.