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Los productores se ven afectados por la Ley 6.355, que exige a los directivos y propietarios de empresas proveedoras del Estado presentar declaración jurada de bienes. Esto hace que los pequeños cañicultores sean considerados como proveedores del Estado y, por ende, se ven obligados a presentar sus declaraciones de bienes.
El presidente de la Asociación de Cañicultores de J. M. Troche, Braulio Salinas, manifestó que muchos no pueden presentar sus declaraciones de bienes porque la mayoría de las tierras utilizadas no tienen títulos definitivos, forman parte de herencias de generaciones, o en los registros del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), por lo que es imposible justificar en documentos. Añadió que si no se soluciona el inconveniente, unas 550 mil toneladas de caña de azúcar están en riesgo de perderse.
Cabe mencionar que, a fines de mayo, la Cámara de Diputados había aprobado el proyecto de ley presentado por el diputado Roberto González (ANR, Añetete) por el que se busca exonerar a los proveedores de la planta petrolera de presentar sus declaraciones juradas de bienes y rentas, el cual actualmente se encuentra en manos del Senado para su estudio.