“El procedimiento constitucional del artículo 190 y 191, el 253 y otros afines no se cumplió de ninguna manera en la Cámara de Diputados. Y en relación al tiempo de mandato, el artículo 4 de la ley que rige el funcionamiento del Jurado establece claramente que el mandato es por 5 años”, dijo hoy el diputado a los medios, fundamentando la acción de inconstitucionalidad planteada ante la Corte Suprema de Justicia.

Mediante el “pacto azulgrana”, diputados cartistas y de los cuatro bloques del PLRA sustituyeron el miércoles a Romero Roa como miembro del JEM para imponer la candidatura del cartista Hernán Rivas.

“El procedimiento que se implementó en la Cámara de Diputados para mi sustitución, una figura que no existe en la norma que rige la institución del Jurado, es improcedente, es irregular. Me siento dañado en mi derecho constitucional y por lo tanto estoy recorriendo la Corte de tal manera que se pueda resarcir ese daño y pueda cumplir mi mandato de cinco años”, remarcó también Roa.

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El parlamentario afirmó que lo sacaron del cargo por intereses políticos del sector cartista. Cuestionó que lo hagan en momentos en que debe definirse la destitución de jueces responsables de cuestionables resoluciones sobre abuso de niños.

Mencionó que entre las 700 causas abiertas a magistrados que estaban en el JEM desde que asumió el cargo se encuentra el del juez Marino Méndez, ligado al clan Zacarías Irún. Recordó el caso de camaristas en Ciudad del Este que favorecieron a un expolicía que abusó de un menor.

El diputado Romero Roa reveló que sus colegas se delataban y le decían que no servía como representante de la Cámara de Diputados en el JEM porque no tenía autonomía en las decisiones que tomaba. Mencionó que el diputado Esteban Samaniego (Añetete), de su propia bancada, quien está imputado por corrupción y cuya esposa, la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán (Añetete), también investigada, lo presionó para que interceda antes jueces y fiscales a fin de que lo ayuden en la causa penal.

Dijo que los cartistas y liberales debían sacarlo del cargo por la vía del juicio político, no por una resolución.