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La informalidad es el principal obstáculo para acceder a créditos por parte de las micro y medianas empresas, según manifestó el viceministro a ABC Color. Comentó que, conforme a los últimos registros presentados, un 70% de las empresas trabajan de forma informal, lo que limita sus posibilidades de conseguir créditos.
Detalló que de acuerdo a los datos relevados a nivel país existen 822.000 unidades económicas consideradas mipymes. De estas solo 274.000 cuentan con el Registro Único del Contribuyente y solo unas 70.000 tienen inscritos a sus trabajadores en la seguridad social.
Igualmente, reconoció que las empresas del sector fueron las que recibieron el mayor impacto con la restricción de actividades establecidas en el marco de las medidas preventivas ante el COVID-19. “En el caso de las empresas informales, es un muy complicado saber un monto exacto sobre suspensiones y su impacto”, acotó.
Por otra parte, sobre las acciones del Gobierno para ayudar a los empresarios comentó que aquellos que no fueron asistidos por el programa Pytyvõ podrán ampararse en un fideicomiso que el Estado concederá a través de la AFD. Este fondo será administrado por las cooperativas, pero su implementación aún se demorará debido a que se necesita “una estructura administrativa” para su ejecución.
Con respecto a los créditos de la banca privada, mencionó que existe un “criterio de prudencia” debido a que los fondos con los que cuentan son de los ahorristas. “La banca privada fue clara y afirmó que está en condición de atender a sus clientes pero que a los nuevos que buscan bancarizarse, será difícil”, subrayó.
Asimismo, recalcó que a medida que se vayan reactivando las actividades económicas, los créditos se van a ir concediendo.
Por otra parte, comentó que se está analizando la posibilidad de ampliar el subsidio Pytyvõ para ayudar a los empresarios que no fueron incluidos en este beneficio. Esta ayuda dependerá de los saldos que queden luego de que se hagan todos los pagos a los beneficiarios del programa.