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Esta mañana, el ministro Arnaldo Giuzzio publicó a través de su cuenta oficial de Twitter que -tras realizar un análisis minucioso con el equipo de la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras COVID-19 (CESC) de 32 procesos de compra por vía de la excepción (CVE)- han detallado una serie de observaciones y las entregaron al ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Este informe concluye con la recomendación de anular parte de los llamados.
Giuzzio señala inicialmente que el apuro o la necesidad inmediata de adquirir ciertos insumos no es argumento suficiente para realizar procesos deficientes. “La declaración de urgencia impostergable para la adquisición de insumos o equipos en aras de hacer frente a la pandemia del COVID-19 no puede ser excusa para una implementación irregular de procesos de compra, ni utilizarse para tapar acciones negligentes en nombre de la salud”, aseveró.
En ese contexto, detalló siete observaciones principales hechas por el equipo:
1. Inconsistencia en las fechas de designación de miembros del Comité de Evaluación con el acta de inicio del mismo comité.
2. Incumplimiento de condiciones legales y técnicas del PBC (Pliegos de Bases y Condiciones), por lo que no se ajustan a los requerimientos exigidos.
3. Inobservancia del cumplimiento del artículo 40 de la Ley 2.051, que se refiere a la participación limitada de empresas y personas vinculadas entre sí.
4. Participación en llamados de algunas firmas a pesar de encontrarse en mora, según datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
5. Falta de criterio para la fijación de precios referenciales. Para el efecto, la comisión recomienda a futuro la elaboración de una mejor metodología y la adopción de una política de fijación de precios.
6. No correspondencia en el uso del concepto de “urgencia impostergable” ni el código COVID-19, debido a que esas compras no se ajustan a la esencia de ambos.
7. Existencia de dictámenes sin fundamento técnico y falta de atención a las consultas realizadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
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El documento en el cual se presenta todo el trabajo realizado por el CESC puntualiza que encontraron procesos de adquisición de bienes que no están directamente relacionados a la lucha contra la pandemia.
“Cabe señalar también que en varios casos se verifica el transcurso de periodos prolongados sin que se avance en la evaluación de las ofertas, actos administrativos de adjudicación o formalización de los respectivos contratos, lo cual, en cierto modo deja sin sustento la invocación de la urgencia impostergable para la realización de los procesos bajo la modalidad de CVE (Compra Vía de la Excepción)”, apunta.
También cuestiona actos administrativos como, por ejemplo, la utilización de correos electrónicos no oficiales (cuentas gratuitas creadas para el proceso por los funcionarios, vía Gmail) para la invitación a las proveedoras, “lo cual genera una vulnerabilidad en la transparencia y auditoria del medio utilizado para las convocatorias”, enfatiza.
En relación a los procesos cuyos contratos no han sido firmados, recomienda anular los citados llamados, para no convalidar vicios administrativos; retrotraer los procesos a la etapa de conformación y generar los procesos administrativos correspondientes para la evaluación y en su caso, si correspondiere, la sanción de los funcionarios intervinientes en los procesos y responsables por las irregularidades señaladas.
En cuanto a los contratos que ya han sido firmados, la comisión recomienda que se ejecuten. “Teniendo en consideración que dichos procesos se encuentran en etapa de ejecución contractual, lo cual implica que la convocante en general no puede retrotraer los procesos administrativos por los derechos adquiridos por los proveedores en base a la firma de los contratos, motivo por el cual esta Comisión se encuentra impedida de formular idénticas recomendaciones a las formuladas respecto al primer grupo, correspondiendo a la Máxima Autoridad Administrativa del MSPBS la ejecución contractual preservando la correcta incorporación de los bienes y servicios contratados y su puesta al servicio de la atención sanitaria de la pandemia”, argumenta.
Asimismo, señala la necesidad de formular un dictamen Jurídico de la Dirección General de Asesoría Jurídica del MSPBS con respecto al estado de la ejecución contractual y el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores, así como un dictamen técnico de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos, vinculado al cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes adquiridos en el marco de estos procesos.
Finalmente, propone la sanción de los funcionarios intervinientes en los procesos y responsables por las irregularidades señaladas, en caso de que corresponda.
Antecedentes
Es importante mencionar que este informe o dictamen no es el primero en confirmar irregularidades en los procesos realizados por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSBS) en el marco de la pandemia. Uno de ellos fue elaborado por la Contraloría General de la República el pasado 21 de mayo, que hace referencia exclusivamente a la compra del primer cargamento de productos chinos que fueron proveídos por las empresas de Justo Ferreira: Imedic y Eurotec. En este caso, la Contraloría señaló que el proceso estaba viciado.
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Asimismo, documentos señalan que la Dirección de Contrataciones alertó al Ministerio de Salud sobre la falta del informe de evaluación en la licitación para la mencionada compra, cuyo contrato finalmente fue rescindido.
El Ministerio Público empezó una investigación en base a dos denuncias presentadas en el marco de esa compra de insumos adjudicada a Eurotec e Imedic, debido a que Salud pagó unos G. 17.000 millones de adelanto, mientras que el total de la adjudicación era por G. 85.000 millones; aceptó parte de la mercadería, mientras que rechazó otro grupo porque no cumplía con las especificaciones técnicas.
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La primera denuncia fue hecha por legisladores en contra del Ministerio de Salud y la segunda la presentó el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, en contra de las empresas proveedoras.
En ese contexto, la Fiscalía procedió a constituirse en las oficinas de la cartera estatal sanitaria y el depósito donde se almacenan los insumos, para proseguir con las investigaciones.
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A su vez, el ministro Mazzoleni instruyó sumario administrativo dentro de la institución a su cargo, pero para funcionarios del área de la Unidad de Contrataciones y no así para quienes se encuentran en más altos cargos, como el asesor jurídico que le hizo firmar los contratos o el ex director administrativo. Asimismo, el ministro en varias ocasiones defendió a sus funcionarios y sostuvo que no hubo malas intenciones dentro del Ministerio, aunque sí se pudieron cometer “errores”. No obstante, entre los funcionarios todos se tiran la pelota.
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En ese contexto, cabe recordar que tras la confirmación de los primeros casos de COVID-19, el pasado 10 de marzo, las autoridades habían anunciado el inicio de la cuarentena sanitaria para reforzar el sistema de salud y comprar los insumos necesarios para proteger al personal de blanco de un posible contagio.