Esta mañana, Efraín Alegre, a través de su abogado Guillermo Duarte Cacavelos, presentó una recusación ante la Fiscalía General del Estado contra el fiscal Édgar Sánchez.

“El recusado atribuyó a mi persona la posible comisión de tres hechos punibles de relevancia para la prueba documental, incluyendo la falsificación de instrumentos públicos, pero de forma increíble, los hechos en los que sustenta su imputación contra mi persona se describen en apenas dos líneas”, dice parte del escrito.

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Sánchez imputó ayer al presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) por la compra de combustible por G. 98 millones con una factura supuestamente fraguada. También fueron imputados por producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso Pascual Benítez y Luis Moriz, administradores de su campaña electoral en Alto Paraná.

No obstante, la jueza penal de garantías Cynthia Lovera devolvió al fiscal Édgar Sánchez la imputación contra Alegre, para que explique la conducta atribuida, ya que en el escrito no existe una descripción de los hechos que supuestamente cometió el excandidato a la Presidencia de la República, sostuvo la magistrada.

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En cuanto a Moriz y Benítez, la jueza Lovera admitió la imputación y fijó para el 10 de junio a partir de las 10:00 la audiencia de imposición de medidas cautelares para los procesados.

Clonación de facturas

Según la imputación, se clonaron facturas presentadas por los candidatos del PLRA en las elecciones de 2018. En enero de este año, el senador liberal llanista Fernando Silva Facetti dio a conocer a través de sus redes sociales las fotos de una de las facturas emitidas en agosto de 2018 por el Partido Liberal.

Agrega que en la factura original se constataba la compra de combustible por G. 100.000, pero fue transformada en otra factura, de la misma estación de servicios por un total de G. 98.000.000. En ese contexto, el propietario del surtidor afectado, Silvio Concepción Martínez, hizo formalmente la denuncia para evitar una investigación por evasión de impuestos.