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En la fecha, la Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer el informe final con respecto a la compra vía excepción realizada por Petropar durante la administración de Patricia Samudio, con el objetivo de adquirir productos y equipos, adjudicada a la firma Solumedic SA, por la suma de G. 356.700.000.
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El documento señala que el proceso no se enmarcó dentro de una situación de urgencia impostergable, teniendo en cuenta que la institución no requería de forma urgente todos los insumos y equipos adquiridos, entre estos: agua tónica, termómetros de uso industrial, pallets y bidones, entre otros, “que a criterio de esta auditoría no ayudaban a la prevención del COVID-19, pudiendo haber optado por procedimientos ordinarios, a modo de garantizar las mejores opciones de compra para la institución”, remarca.
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Asimismo, afirma que la institución no pudo justificar la entrega de insumos y equipos, por unos G. 81 millones, ya que los mismos no contaban con los documentos que respalden la distribución de estos a los funcionarios de la empresa estatal o que hayan sido donados.
Finalmente, asevera que las mascarillas adquiridas por la institución no correspondían a lo establecido por las especificaciones técnicas en cuanto al origen de las mismas y además la institución confirmó que realizó la donación de 2.000 mascarillas específicamente al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, sin contar con los documentos que avalen haber sido por la institución en el marco de la Contratación Vía Excepción.
Antecedentes
En ese contexto, recomienda a la máxima autoridad de la institución, que actualmente ejerce Denis Lichi, a instruir sumarios administrativos correspondientes para deslindar responsabilidades de los personales intervinientes en el proceso mencionado.
Cabe recordar que una comitiva fiscal allanó, el pasado 22 de abril, las oficinas de Petropar ante las denuncias presentada por legisladores debido supuestas irregularidades en la compra de agua tónica, mascarillas y entre otros, ya en el marco de la pandemia.
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Esa misma noche, Patricia Samudio, presentó su dimisión a la titularidad de la institución, no sin antes recusar a los fiscales que iniciaron las investigaciones. Samudio había manifestado incluso que creía que el agua tónica servía “para prevenir” el contagio del nuevo coronavirus.
Además, el pasado 29 de mayo, el Ministerio Público imputó a Samudio y a otras 21 personas, entre ellos funcionarios activos de la institución y varios integrantes de las supuestas empresas de maletín, por la supuesta comisión de lesión de confianza.
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