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El punto más grave del informe de Contraloría corrobora que las mascarillas N95, de las cuales 2.000 fueron donadas al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para el uso de personal de blanco en la lucha contra el COVID-19, estaban vencidas hace casi dos años y medio.
Si bien las cajas de los tapabocas no tenían consignadas las fechas de vencimiento y de fabricación, se constató con la propia empresa brasileña proveedora que el lote ya se encontraba vencido. Lo peor es que en Petropar admitieron esos insumos defectuosos.
Igualmente, se estima que hubo una sobrefacturación en las compras que en relación con los precios de referencia podría totalizar una diferencia de G. 101 millones, aunque si bien las mascarillas y otros insumos pudieron haber sufrido variaciones de precios, no existe justificación para haber inflado la mayoría de ellos.
“Se privó de haber obtenido precios más ventajosos por un total aproximado de G. 62.649.200”, destaca una de las conclusiones del informe.
Cabe recordar que Samudio renunció a la presidencia de la petrolera estatal luego de destaparse esta escandalosa licitación. La expresidenta ya se encuentra imputada por la Fiscalía en una investigación penal paralela a este informe de Contraloría.
Los cuestionados tapabocas no solo estaban vencidos, sino que se pagóron G. 39 millones de más, según el precio de referencia fijado por el propio Ministerio de Salud. No solo eso; el agua tónica con supuestas propiedades “inmunológicas” contra el COVID-19 también se facturó unos G. 19 millones de más.