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Ayer, el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, Efraín Alegre, fue imputado por el fiscal Édgar Sánchez por los supuestos delitos de producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido apócrifo. La carpeta incluye también a Pascual Benítez y Luis Moriz, administradores de su campaña electoral en Alto Paraná.
Supuestamente, se usaron facturas fraguadas para justificar la compra de combustible para la campaña electoral de 2018 por un valor de G. 98 millones.
Al respecto, Guillermo Duarte Cacavelos dijo que la Fiscalía se “supera cada vez más” con procedimientos jurídicos que, a su entender, no fueron cumplidos en su totalidad en este caso. Citó específicamente la necesidad de que el fiscal aclare por qué considera que hubo dolo por parte de Alegre en el uso de las facturas.
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En ese sentido, Duarte Cacavelos insistió en que su cliente no tiene responsabilidad penal en el uso de un documento posiblemente falsificado, ya que existen responsabilidades individuales y lo que hizo Alegre fue simplemente presentar estos documentos al Tribunal Superior de Justicia Electoral.
“Todos los hechos punibles deben ser dolosos, salvo que se explique en el escrito que es culposo. Esa factura es no auténtica (…) para el operador de derecho es (determinar) quién o cuáles personas usaron dolosamente esa factura. Más de 5.000 facturas recibió Efraín, él las entregó. ¿Cuál es el indicio, la sospecha de que Efraín Alegre conocía este documento?”, se preguntó el abogado.
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Duarte, que insistió en cuestionar el trabajo del fiscal Sánchez, explicó que en el caso de las facturas fraguadas existen tres causas abiertas: una de una denuncia de Hacienda, otra del propio Efraín Alegre y otra del propietario de la estación de servicios de donde se había hecho la compra y quien denunció que usaron su factura de forma ilícita.
El abogado contó que la causa “más grande” fue la presentada por Hacienda y que en esta está trabajando la agente Natalia Fúster, que hacía las diligencias de forma correcta. Sin embargo, Sánchez tomó una de las denuncias e inmediatamente realizó la imputación.
Duarte Cacavelos dijo también que pidió al Ministerio Público que todas las denuncias se traten como una sola, una solicitud que no se cumplió.
“Lo que uno espera es que diga el fiscal qué indicios hay de que Efraín Alegre haya usado estos documentos de forma intencional. Las facturas pasaron por muchas manos más. Eso es lo que nos lleva a pensar que esto es selectivo”, concluyó el abogado.
“Es un operativo de la mafia que cree que me van a callar con este tipo de acciones judiciales, porque hace años que quieren y no encuentran”, dijo ayer Efraín Alegre en conferencia de prensa tras conocer su imputación. Cabe recordar que el fiscal Sánchez pidió para los tres imputados medidas alternativas a la prisión preventiva.
Además, expresó que no puede ser responsable de las 5.000 facturas presentadas como parte de la rendición de cuentas de los administradores del interior del país. Señaló que las facturas fueron aceptadas por el Ministerio de Hacienda a través del sistema Marangatú y que todo estaba correcto. También indicó que las facturas fueron verificadas y aceptadas por la Justicia Electoral.