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La Junta Municipal rechazó la administración del intendente Gustavo Torres, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, por falta de documentos respaldatorios a los proyectos ejecutados con dinero del Fonacide, royalties y otros ingresos, como así también denunciaron varias irregularidades.
Los concejales Darío Bernal (ANR), Rosa de Arévalos (ANR), Aldo Arévalos (ANR), Alice Argüello (PLRA) y Ángel Benítez (Tekojoja) rechazaron la rendición de cuentas, en tanto que se abstuvo de votar Ramón Benítez (PLRA). Estuvieron ausentes: Eduardo Torres (PLRA), Mario Escobar (PLRA) y con permiso Melanio Giménez (FG).
El concejal Melanio Giménez (FG) denunció que el 90% de las obras encaradas por el municipio se realizaron a través de contrataciones directas, sin llamado a licitación pública, pese a que en varias ocasiones por resolución hayan intimado al jefe comunal. “Hay mucha corrupción con las diversas obras realizadas, algunas no se terminaron, otras no cumplen con las especificaciones técnicas y están sobrefacturadas”, reclamó el edil.
Asimismo, reveló que, el municipio adjudicó más de G. 323 millones a la firma Emprendimientos “Kokue Poty”, de Miguel Ángel Cabral, para la construcción de 700 metros lineales de empedrado en el barrio Santa Teresa y 300 metros en Santo Domingo, que debía culminar en marzo pasado; sin embargo, la obra quedó inconclusa y no cumple con las especificaciones técnicas.
Por último, denunció que la Municipalidad pagó un total de G. 160 millones a la firma “Servicios Gastronómicos San Miguel”, de Néstor González Ortiz, por la compra de 358 kits alimentarios en reemplazo del almuerzo escolar. Cada bolsa costó G. 220 mil y contenía 4 kg de arroz, 2 kg de poroto, 4 kg de fideos, 1,6 kg de locro, 500 g de sal, 2 kg de azúcar, 1,8 l de aceite, 4 kg de harina, 4 l de leche y 1,360 kg de carne conservada.
“Compramos los mismos productos que contenía el kit alimentario, pero de mejor calidad, por un total de G. 163 mil; sin embargo, el intendente compró por G. 220 mil, G. 57 mil más que el costo real”, lamentó Giménez.
Por su parte, el intendente Gustavo Torres (PLRA) negó categóricamente que existan sobrefacturaciones en la compra de los alimentos escolares, alegando que se realizó por licitación de forma transparente.
Sobre la construcción de empedrado que quedó inconclusa, explicó que fue a consecuencia de la cuarentena estricta por la pandemia del COVID-19, pero que en los próximos días se estaría reanudando.
Por último, calificó de persecución política el rechazo de su balance general del 2019 por parte de un grupo de concejales. Dijo que todos los documentos respaldatorios de su gestión fueron proveídos al pleno como corresponde.