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La ingeniera señaló que la clave para beneficiar a la población “con un proyecto habitacional de esta envergadura”, es que las empresas compitan para poder construir departamentos accesibles y para que el MUVH pueda recuperar las inversiones que realizó en la compra y mejoramiento del terreno en cuestión.
“Nosotros planteamos desarrollar esas inversiones también a través de un fideicomiso, pero previa competencia de las empresas interesadas para que puedan ser adjudicadas de ese beneficio. En este caso, buscábamos competencia de precio de la vivienda, plazo, calidad. Acá el punto clave de dónde se debe partir es el costo que tendrán los departamentos, a cuánto van a vender, porque las cuotas bajas deben ser el objetivo de la política pública. Por ejemplo, establecer que las cuotas no pases de más de un salario mínimo”,añadió.
Vale señalar que la administración de Durand pretende utilizar la Ley Nº 5638 de “fomento de la vivienda y desarrollo urbano” para intentar justificar sus intenciones de entregar el codiciado predio a la empresa Bieber Constructora (Óscar Bieber Alonso), sin que esta empresa compita con otras compañía que interesadas.
Sobre la mencionada normativa, Núñez dijo que tiene muchas debilidades, principalmente porque con dicha ley “se pretende subsidiar a los desarrolladores inmobiliarios y no a los que necesitan una casa propia”.
“Esta ley se promueve por iniciativa del sector privado. Nosotros fuimos convocados como institución rectora de una política habitacional a participar del proceso, una ley que a nuestro criterio tenía muchas debilidades”, dijo.
Siguió: “Nosotros debíamos reglamentar esa ley, pero no lo reglamentamos, porque además que que el tiempo era escaso, la ley tenía anomalías, que era nuestra mayor preocupación y que nosotros le hicimos saber a los proyectistas. La principal preocupación, como administración de ese entonces, es que la institución debía dar subsidios directos al desarrollador. Por experiencia en muchos países, el que captó el beneficio fue el desarrollador y no necesariamente el beneficiario. Creíamos que ese era el riesgo de implementar esta ley”, añadió.
Según los datos, recién en febrero de este año el Ejecutivo reglamentó la Ley 5638, la cual ya se aprobó en el 2016. El artículo 10 del decreto reglamentario le habilita al MUVH a que, mediante resolución, disponga de “la constitución de fideicomisos, donde se podrá destinar: inmuebles, recursos del aporte estatal, créditos complementarios y ahorro previo” para el desarrollo de emprendimientos privados.
Justamente, lo que busca el MUVH para “desarrollar” el predio de Roque Alonso es crear un fideicomiso para que Bieber Constructora -que presentó una propuesta formal- se encargue de construir más de 20 torres en el ex predio del IPS, con más de 3.000 departamentos. La empresa actualmente está elaborando el proyecto ejecutivo para ejecutar el plan, que requerirá una inversión de US$ 156 millones y el Estado deberá subsidiar al menos US$ 11 millones.
El Consorcio Defensores de Chaco, integrado por Los Trigales SA y el Ing. Miguel Ángel Chaves, está ejecutando obras de infraestructura a un costo de más de 68.235 millones de guaraníes. Se trata principalmente de redes viales, cloacales, drenaje y agua potable.