Fiscalía se opone a que diputado Cuevas salga de prisión

El Ministerio Público se ratificó ante el Juzgado que el diputado imputado Miguel Cuevas (ANR, Añeteté) debe seguir encarcelado, en tanto que la defensa del legislador insiste en que la nueva pericia de sus bienes descartan los indicios de enriquecimiento ilícito que fundamentan la imputación y la prisión preventiva que lo enviaron también a prisión.

Natalia Fúster, en la audiencia de revisión de medidas de Miguel Cuevas.
Natalia Fúster, en la audiencia de revisión de medidas de Miguel Cuevas.

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En el cuarto intermedio de la audiencia de revisión de medidas de Miguel Cuevas, la fiscala Natalia Fúster indicó que para el Ministerio Público continúa el peligro de fuga, teniendo en cuenta que la expectativa de pena es de hasta 10 años, además del peligro de obstrucción, informó el periodista de ABC Eduardo Giménez.

A pedido del diputado, el juez Yoan Paul López convocó a las partes para la diligencia, que arrancó este mediodía en el Palacio de Justicia de Asunción.

Miguel Cuevas cumple desde el 20 de febrero pasado prisión preventiva en el cuartel de la Agrupación Especializada de la Policía. Está imputado por los supuestos hechos punibles de enriquecimiento ilícito y declaración falsa.

Los abogados de Cuevas afirman que una nueva y tercer pericia sobre los bienes inmuebles del diputado revelan que no existe enriquecimiento ilícito y sostienen que el legislador debe salir de prisión.

“Las pericias, que fueron realizadas dos por parte de la defensa, como una por el Ministerio Público, en su momento deben ser revisadas y evaluadas en otra etapa que no corresponde ahora, que es la etapa preparatoria, donde el Ministerio Público se encuentra recolectando los elementos de prueba”, sostuvo la agente fiscal.

Esta tarde se daría a conocer la decisión del juez López con resultado de la audiencia, que podría ratificar la prisión preventiva o concederle medidas alternativa a la prisión preventiva.

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Miguel Cuevas ofreció como fianza un inmueble ubicado en el distrito de Sapucái, valuado por la propia pericia de la Fiscalía en G. 3.500 millones.

El diputado es procesado por la Fiscalía por presuntos hechos de corrupción durante su administración como gobernador de Paraguarí (2013-2018).

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