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Representantes de Simuca se presentaron hoy frente al Palacio de Justicia con carteles y pancartas exigiendo una respuesta de los miembros de la Corte sobre el caso de la privatización del cobro de los impuestos.
“Venimos a pedirles a los ministros que estudien la inconstitucionalidad de la privatización de los impuestos. Ya después de la cuarentena se están retomando las actividades y dentro del marco del respeto nos manifestamos. Hace dos años presentamos la acción de inconstitucionalidad contra las resoluciones municipales que autorizaban la privatización del cobro de impuestos que fue adjudicada a la empresa panameña Consorcio TX”, manifestó Alfredo Fariña, miembro del sindicato.
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“La administración municipal hoy es diferente pero se sigue teniendo intereses, porque la Corte todavía no declara la inconstitucionalidad de las resoluciones que violan artículos como la inviolabilidad documental o patrimonio documental de las personas. También, otras normas como la autonomía y la autarquía que tiene la Municipalidad en lo que tiene que ver con la determinación tributaria, que pasa a manos de empresas privadas”, añadió.
Por otro lado, dijo que tienen conocimiento de que el proyecto sigue siendo impulsado para que se haga realidad. “Sabemos que se busca que este proyecto de privatización salga, no importa la forma. Muchas veces se busca comprar la voluntad de las personas, pero Simuca decidió no claudicar ante las presiones”, afirmó.
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“Vale recordar que este proyecto viene de la administración de exintendente Mario Ferreiro, por eso es que hoy solicitamos que el pleno del Poder Legislativo pueda estudiar el caso”, dijo.
Los miembros de Simuca anunciaron que tras la cuarentena retoman las manifestaciones y que seguirán haciéndolo hasta que se les escuche y se cumpla con su pedido.
El consorcio TX Panamá fue adjudicado por la Comuna el año pasado en medio de polémicas para la implementación de un nuevo Sistema de Gestión Tributaria y Catastral. Varias personas presentaron acciones de inconstitucionalidad porque una entidad privada accedería a los datos personales de los contribuyentes.