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El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, adelantó que en el punto 5 del orden del día de la sesión virtual de este miércoles se incluirá el juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, según confirmó Kattya González esta mañana.
González manifestó que ella va a tomar la palabra para “construir un escenario” en torno a las causales del juicio político pero, recordando varios antecedentes, lo más probable es que la bancada colorada nuevamente rechace este juicio político.
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Recordó, por ejemplo, el juicio político por prevaricato a los miembros de la Corte por haber lanzado una resolución “a pedido” del clan Zacarías en el tema de la intervención a la Municipalidad de Asunción. “Hice un libelo acusatorio, me pareció una vergonzosa manipulación del clan Zacarías que le llevó una resolución hecha al mayor tribunal. Presentamos (el proyecto), pero se rechazó de un plumazo”, puntualizó.
Igualmente, recordó que lo mismo pasó con el pedido de juicio político contra el ministro de la Corte Suprema César Garay Zuccolillo, pero en ese caso fueron los liberales quienes retiraron el proyecto. “Mañana eso va a pasar; es la historia de una clase política que no lee los momentos, que no entiende la gravedad de las cosas, que no habla antes, no acuerda”, lamentó.
La diputada González calificó a la Cámara de Diputados de un “cachivache”, puesto que no se debate sobre los asuntos verdaderamente importantes, como salud o economía.
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Por mal desempeño
El pedido de juicio político contra Quiñónez fue formalizado ayer. Con la firma de nueve diputados se presentó en la Cámara Baja el pedido formal de juicio por mal desempeño de sus funciones. La medida fue impulsada por el diputado liberal Édgar Acosta y acompañada por un sector del PLRA y de las bancadas independientes.
El libelo acusatorio contiene 11 causales de juicio político contra Sandra Quiñónez, acusada de favorecer ilegalmente al empresario Karim Salum, vinculado al Grupo Cartes a través de su hermano Osvaldo.
Según el ministro Federico González, la titular del Ministerio Público ordenó un trato preferencial para Salum, quien fue apartado de un vuelo que llegó desde los Estados Unidos el pasado 22 de abril y llevado hasta su casa para cumplir la cuarentena sin ir a unos de los albergues del Estado. Estos refugios están previstos para que los viajeros cumplan con el aislamiento obligatorio y así frenar la expansión del COVID-19.
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