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Irala conversó este martes con ABC para dar su versión de lo sucedido con el dictamen que fue firmado el 3 de abril pasado por él. El director jurídico del MSP arrancó expresando que actuó “en absoluta creencia de que lo que estaba en los documentos se dio dentro de un proceso correcto”.
Irala se refiere al dictamen de la Dirección Operativa de Contrataciones y del comité de evaluación de los productos de las empresas, unos insumos que llegaron al país y no sirvieron de nada para el combate al coronavirus. Por ellos se pagó un adelanto de G. 18.000 millones. La sospecha es que la licitación, plagada de una serie de irregularidades, fue “armada” por un grupo de poder político que actuó presionando a los funcionarios del Ministerio de Salud.
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Irala contó que en la semana que recibió los informes para los que dio el visto bueno se dieron una serie de situaciones en que se alertaba sobre la posible expansión de la epidemia del coronavirus. “Estábamos conscientes de la pandemia, se mencionó que la urgencia era impostergable. Siempre le damos la celeridad, porque la vida y la salud de la gente están en juego. Le dimos la celeridad. Yo recibo el expediente el 3 de abril, yo estaba participando en varias reuniones en donde el doctor (Pablo) Lemir expone la situación catastrófica en la que podríamos encontrarnos, de la necesidad de tener bolsas mortuorias. Había una preocupación por nuestros compañeros médicos”, recordó el abogado Irala.
El asesor jurídico sostuvo que él firmó el dictamen sin cuestionar porque no puede inmiscuirse en una cuestión que es concerniente al comité de evaluación y a la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Salud Pública.
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“A mí nadie me dice que apure (para firmar el dictamen), absolutamente nadie. Me baso en lo que está en los expedientes, en los documentos. Toda la etapa se desarrolla en la Dirección Operativa de Contrataciones, que recibe el pedido de insumos estratégicos. Yo no tengo injerencia en ese proceso”, se defendió.
Con confusas explicaciones sobre su rol como asesor jurídico dentro de este proceso, Irala dio a entender que solo fue un “pasamanos” de lo que ya estaba decidido. Sin embargo, se debe tener en cuenta que fue su dictamen el que sugirió a Mazzoleni la firma del contrato con estas dos empresas vinculadas al empresario Justo Ferreira, un acuerdo que ahora está rescindido por parte del MSP.
Según Irala, sin embargo, él en ningún momento afirmó con su dictamen que el proceso de compra esté bien. “Pensé que era una compra normal. Veía empresas nacionales comprando el producto, veo que es necesario para el Ministerio y que se ajustan al mercado (los dictámenes previos). Contiene los documentos y cumple los procesos que debe tener”, sostuvo, como explicando que su firma solo avaló lo previamente hecho. “Yo no detecté irregularidad en los papeles (…) Yo no participo del proceso”, añadió.
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Irala dijo también que, según su entender, el proceso tuvo irregularidades, pero -a su criterio- no las suficientes para anular la licitación. “Contrataciones no suspendió”, expresó al defender su postura, reconociendo que existen muchos controles que mejorar.
De hecho, el asesor jurídico afirmó que la rescisión de contrato con Imedic y Eurotec se dio solo porque hubo insumos que no se entregaron en fecha y otros que directamente no se proveyeron. Citó el caso de las camas hospitalarias y de los protectores oculares, que las empresas no tenían —pero igual las ofertaron— y querían reemplazar ese ítem con bolsas mortuorias.
“El problema es que hay productos que no coinciden las marcas, otros las especificaciones técnicas y otros que directamente no entregaron”, concluyó. Finalmente, Irala aseguró ser honesto y se desligó del caso. Pese a no haber sido sumariado, se mostró abierto a una investigación.