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Ayer, Pedro Adrián Santander, uno de los dos abogados que conformaban el Comité de Evaluación del Ministerio de Salud para la compra de insumos médicos para el ente estatal, denunció que fueron presionados para firmar la resolución de adjudicación para la compra de insumos médicos de las empresas de Justo Ferreira: Imedic y Eurotec.
Pablo Lezcano, exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del Ministerio de Salud Pública, fue quien presionó a los funcionarios del Comité de Evaluación de la institución para “blanquear” el proceso de adjudicación por el cual la cartera pretendía entregar unos G. 85.000 millones a ambas firmas. El documento, la adjudicación y el contrato, según Santander, ya estaban firmados por el ministro Julio Mazzoleni.
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En relación a esta cuestión, el director de la DNCP, Pablo Seitz, dijo este lunes a ABC que en general las adjudicaciones son firmadas por las máximas autoridades, aunque en algunos entes esto se delega a otras personas dentro del organigrama. En todo caso, la firma del contrato sí corresponde en todos los casos al ministro o director de la entidad. “En el caso del MSP, en algunos casos se delega la resolución de quién ganó la licitación, no la firma de contrato”, precisó, confirmando de esta forma que quien debió haber firmado el acuerdo podía ser solo Mazzoleni.
Una de las cuestiones más llamativas que mencionó Seitz es que las compras por la vía de la excepción se podían hacer sin anunciarse el pliego de bases y condiciones (PBC) por lo menos hasta el pasado 27 de abril, cuando decidieron cambiar el mecanismo para un mejor control. Antes de esa fecha, las empresas interesadas debían enviar a alguien a que verifique el PBC.
“Así son los procesos por la vía de la excepción: solo las empresas podían presentar físicamente sus ofertas. Eso cambió después del 27 de abril, después de 16 años: obligamos a las instituciones a que publiquen al menos dos días antes las bases de la licitación”, contó.
Seitz confirmó además que el contrato entre el MSP y Eurotec e Imedic no tenía permiso para hacer un empaque distinto al del lugar de origen; es decir, no estaban autorizados a colocarles las marcas a los tapabocas como lo hicieron antes de entregar los insumos, ahora rechazados, en el parque sanitario del MSP.
“A nivel contractual no había norma que autorice a hacer un empaque distinto al de fábrica (…) No llegó a justificarse eso en forma documental, el porqué se hizo el cambio de marca”, explicó.
Otro de los puntos alarmantes es que el pago para este presunto irregular proceso en que se habría buscado favorecer a las empresas de Ferreira fue que los G. 18.000 millones que ya se pagó a ambas firmas el pasado 7 de abril a través de cheques se hizo gracias a la Ley de Emergencia, aprobada a finales de marzo.
Sin esa ley especial promulgada por la crisis del coronavirus, es la DNCP la que debe autorizar el pago a Hacienda y recién allí abonar el adelanto. Es decir, se usó la Ley de Emergencia para acelerar el proceso presuntamente irregular.
Licitaciones tercerizadas
Seitz contó que el año pasado se gastaron US$ 4.000 millones en licitaciones, pero no supo precisar qué porcentaje lo gestionaron las entidades tercerizadas como el PNUD, el BID, el Banco Mundial o algunas ONG. También confirmó que, a pesar de que algunas aceptan publicar el proceso en el sitio web de la DNCP, la entidad a su cargo no tiene control alguno sobre las compras que se realizan a través de esas entidades.
Seitz defendió que la institución a su cargo es la que debe fiscalizar el proceso en todos los casos. “Itaipú, por ejemplo, sí publica sus contrataciones, pero no se rige por la ley de Contrataciones Públicas”, concluyó.
Denuncia
El Ministerio de Salud Pública presentó ayer, domingo, ante la Fiscalía una denuncia penal por las irregularidades que salpicaron al proceso de adjudicación para la compra de insumos y equipos de bioseguridad. La denuncia fue firmada por el propio Julio Mazzoleni, titular de la cartera de Estado.
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Curiosamente, la presentación se hizo el mismo día en que Santander hizo la denuncia. Hace apenas unos días, Mazzoleni había dicho que no presentaría denuncia penal ante la Fiscalía, a pesar de los informes de la Contraloría General y de la Comisión Especial de Supervisión de Compras COVID-19 (CESC) que alertaban sobre las numerosas irregularidades.
Luego de que se presentara la denuncia, desde la oficina de prensa del Ministerio Público señalaron que la Fiscalía General del Estado designó a los fiscales Osmar Legal, Francisco Cabrera, Jorge Arce Rolandi y Diego Arzamendia para la investigación.