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El libelo acusatorio contiene 11 causales de juicio político contra Sandra Quiñónez, acusada de favorecer ilegalmente al empresario Karim Salum, vinculado al Grupo Cartes a través de su hermano Osvaldo. La titular del Ministerio Público ordenó a la fiscala Teresa Sosa que aparte a Salum de un vuelo especial que llegó desde los Estados Unidos el pasado 22 de abril y evite hacer la cuarentena en unos de los albergues del Estado.
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“Acá se nota una gran pérdida de credibilidad hacia la Fiscalía. Se puede ver (…) el repudio hacia la Fiscalía en este caso de corrupción de insumos médicos”, afirmó Celeste Amarilla, diputada liberal, tras la presentación. La legisladora hizo énfasis en la actuación selectiva de Quiñónez frente a los casos más grandes de corrupción, como el fallido metrobús.
“Hay dos cuestiones nomás: que la fiscala general está haciendo un excelente trabajo y otro en donde no. Ponemos a consideración de los colegas y vamos a ver cómo se lleva adelante el proceso. La política es el arte de lo posible: si uno ve el bloque colorado diría que no (se aceptará el juicio político), pero puede haber presión ciudadana. Este es un resorte constitucional que tenemos los legisladores”, indicó por su parte Édgar Acosta.
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La primera causal de mal desempeño guarda relación con la mediación de la propia fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, para privilegiar al empresario Salum. Menciona también el libelo que Quiñónez denunció al juez Arnaldo Martínez (por haber fallado contra la Fiscalía en el caso Curuguaty) ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), atentando contra la independencia de los poderes.
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También cuestionan la actuación de Quiñónez en el caso metrobús, al mencionar que nunca derivó la causa a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Económicos y de Anticorrupción, que es la competente para la persecución penal de los hechos punibles contra el patrimonio de las instituciones públicas que hayan sido cometidos en la ciudad de Asunción. Hoy sigue en una unidad fiscal barrial y no especializada.
Se menciona el asesinato del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana y el caso de las 211 víctimas del 31-M, detenciones ilegales e incluso las denuncias sobre violación de derechos humanos, cuyas investigaciones no avanzaron.