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La cancelación del contrato de insumos médicos provenientes de China en el marco de la pandemia de COVID-19 fue anunciada el pasado 22 de mayo pasado, luego de que la Contraloría haya encontrado una serie de irregularidades. El Ministerio de Salud inició un sumario administrativo y una investigación interna, pero hasta el momento la responsabilidad del caso sigue siendo un pasapelotas entre todos los presuntos involucrados.
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Pedro Adrián Santander, quien fue miembro del Comité de Evaluación del Ministerio de Salud, apuntó que su equipo fue presionado indirectamente por el director de Contrataciones del Ministerio de Salud, Pablo Lezcano, para firmar un documento que ya adjudicaba la licitación de G. 85.000 millones a empresas de Justo Ferreira. No obstante, Lezcano aseguró que el ex director administrativo Alcides Velázquez le instruyó sacar en un día el proceso.
Asimismo, en la fecha habló con ABC Alcides Velázquez, quien por su parte dijo que no puede hacerse responsable de ningún hecho irregular porque -aseguró- intervino en dos etapas del proceso. “Una, en la primera, donde designo representantes del comité que en este caso son los abogados Pedro Adrián Santander y Diego Sosa. Ellos representan a mi dependencia. Si yo hubiese querido ejercer presión, lo hubiese hecho sobre ellos y no sobre la Unidad Operativa de Contrataciones, lo cual no sucedió”, expresó.
Al ser abordado sobre las declaraciones de Lezcano que lo enmarcan a él como el que presionó, respondió: “No sé si le dicen a él que lo digan o lo hace para desligarse de los hechos”.
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“Hay hechos muy llamativos. El Ministerio de Salud Pública tiene profesionales muy bien formados en el proceso de compras (...) Todas las instrucciones que recibí fueron de mi jefe; en ese entonces, mi jefe era el ministro Julio Mazzoleni. Yo soy el ordenador de gastos alterno; el ordenador de gastos titular es el ministro, el ministro delega al director administrativo”, agregó Velázquez.
Dijo además que ese proceso de compra vía excepción surge en la dirección encargada de las compras. “Son ellos quienes determinaron las especificaciones técnicas, quienes determinaron la urgencia impostergable, son ellos quienes determinaron la forma de ejecutar el contrato y en qué proporción se iba a entregar. Son ellos quienes tenían que administrar el contrato posteriormente, una vez adjudicado. Son ellos quienes debían haber emitido las órdenes de compra y recepcionar los insumos. Pareciera ser que queremos tirar la pelota a la Dirección de Administración y Finanzas cuando hay un montón de actores”, expresó.
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“No queramos tirar toda la pelota al nivel administrativo, hay niveles superiores (...) Injustamente va a ser responsable gente que no tiene nada que ver con esto. Yo espero que se abra la investigación para que cada quien pueda contar su versión”, acotó.
En ese contexto, señaló que varias personas del Ministerio de Salud le hablaron de la necesidad de adquirir esos insumos. “No te puedo precisar un nombre, varias personas me hablaron de la urgencia: el ministro, el viceministro, el director de Insumos Estratégicos...”, subrayó.
En ese punto, además de manifestar que los altos mandos de Salud estuvieron al tanto, agregó que hubo también gente extraministerio. “Han participado altos funcionarios externos: el ministro secretario técnico de planificación (Carlos Pereira), ministro Anticorrupción (René Fernández), el director de Contrataciones (Pablo Seitz). Participó Beto Melgarejo (extitular de la Dinac), Raúl Silva (del Comité Ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá), Mónica Seifart (asesora jurídica de la Presidencia) nunca la vi. Ignacio Pidal (exportador de insumos) lo vi en una primera reunión el día 22 de marzo, creo que fue el 25 o 26 de marzo, era con miembros de cámaras y gremios farmacéuticos”, indicó.
“Édgar Melgarejo participó como presidente de la Dinac, en ese entonces se analizaban varias estrategias de compras a nivel internacional. Hasta ese entonces, la logística internacional era un problema”, acotó.
“Hay presiones políticas, no sabría decirte de qué sector, pero de hay presiones políticas que favorecen esa situación. Estamos camino a la hoguera todos los administrativos pero no es así la situación. Hay personal de blanco y personal administrativo”, declaró.
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Al ser consultado sobre por qué se entregaron 10 días después las órdenes de compra, si esto se trataba de una urgencia impostergable, dijo que quienes deben responder esas preguntas son otros dos funcionarios.
“La orden de compra firmaron Nery Rodríguez (director general de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud) con su directora administrativa Wilma Jara. Es más, Nery Rodríguez firmó el contrato (...) Hubo un pedido de su parte del proceso donde él invocó la urgencia”, remarcó.
“Muchas autoridades no dan la cara. Muchas autoridades se encargan de crear dos grupos internamente: el grupo de los buenos y de los malos”, dijo Alcides Velázquez.
Insistió en que se está buscando minimizar y desviar hacia un sector, principalmente el administrativo. Comentó que sigue siendo funcionario del Ministerio Público, pero actualmente se encuentra sin cargo y pidió a la Fiscalía que esta no sea una investigación selectiva o direccionada.
Antecedentes
El primer caso de COVID-19 se reportó en el país el pasado 7 de marzo, hace unos 80 días, y desde entonces empezaron los anuncios del Ministerio de Salud de que se deberían realizar compras de insumos para proteger a los profesionales y estar preparados para la pandemia. Sin embargo, en los procesos de licitación que se llevaron a cabo hasta el momento se han encontrado una serie de irregularidades.
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Entre estas se encuentra esta gran compra, ahora en cuestión, que se iba a realizar por el valor de unos G. 85.000 millones de las firmas Imedic y Eurotec para la cual el Estado entregó en concepto de anticipo el pago de G. 18.000 millones el 7 de abril pasado, pero luego de que llegara ese cargamento, el ministerio rechazó parcialmente el cargamento y recién con el informe de Contraloría decidió cancelar el contrato.
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Por otra parte, cabe recordar también que Édgar “Beto” Melgarejo, uno de los mencionados en esta nota, se vio obligado a renunciar a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) tras el escándalo que se desató por la supuesta compra sobrefacturada de tapabocas que luego resultó, según la Fiscalía, de todo un esquema de corrupción que involucra a las empresas proveedoras.
En cuanto al COVID-19, hasta el último reporte del domingo, son 862 los casos confirmados, de los cuales 11 han fallecido y 307 se han recuperado.